Seguro busca desalojo en las casas colectivas

En las casas colectivas ubicadas en la avenida Quito y Venezuela habitan cerca de 400 personas.

Los habitantes de los bloques familiares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) –Av. Quito y Venezuela– viven en constante preocupación ante el pedido de desocupar las viviendas por las ordenanzas de desalojo que ha ido notificando la entidad, desde la semana pasada.

Actualmente, Franklin Salazar, Luisa de De Lucca, Sonia Alcívar, Amelia Villagómez, Jorge Morán, Leonor Mantilla y Blanca Suárez tienen su orden de desalojo. Según ellos, otros 38 están en la espera de sus notificaciones.

Franklin Salazar, quien reside desde hace 27 años en el departamento 205 del bloque 4, indicó que el desalojo es injusto ya que se les está obligando a pagar cantidades excesivas. “Quieren que pague 160 dólares, si yo antes pagaba 30”, expresó.

Su esposa Olga de Salazar explicó que los desalojos se dan cada vez que hay un cambio de directorio en el IESS. “En el 2002 nos trataron de botar, ahora en este año volvieron con el asunto”, acotó.

El juez quinto de Inquilinato, César Erazo, afirmó que  esta familia  no se ha ido desde agosto del 2002, fecha en que salió la sentencia.

El desalojo es por Injusto de Tentación, según el juez, quien explicó que esta figura legal se aplica cuando el inquilino se encuentra viviendo en una casa en contra de la voluntad del dueño. “El tiene ya la orden. El alguacil debe cumplir con este”, informó.

Según el juez, en esos edificios los cánones de arrendamiento son bajos y aún así adeudan varios meses. Sin embargo no todos los desalojos son por mora.

Hasta hace algunos años los moradores de los bloques cancelaban treinta centavos de dólar hasta que subió el alquiler a 30 dólares. Los nuevos arrendatarios pagan de 90 a 160 dólares.

Carlos Vallejo, otro de los afectados, vive desde 1979 en el bloque 1 y comentó que ellos quieren llegar a un arreglo con el IESS, pero los encargados del departamento de propiedad les ponen obstáculos para no firmar contratos. “Estamos preocupados porque no sabemos en qué momento nos lanzan”, aseguró.

Cristina Espinoza, nueva arrendataria, señaló que es injusto que las otras familias paguen poco. “Todos debemos de pagar lo mismo”, dijo.
 
90 días
Es el plazo que se les otorga a los demandados para dejar el inmueble. Si no desalojan se les da diez días más.

90 dólares
Es el monto mínimo que deben  pagar los nuevos arrendatarios. La cantidad puede llegar a los 160 dólares, según el tamaño y la ubicación del departamento.