A la Comisión de Gestión Pública del Congreso que trabaja sobre la reforma a la Ley de Control de Gasto y Propaganda Electoral le quedan menos de quince días para recoger las observaciones realizadas al borrador aprobado en primer debate.

La cita que estaba prevista para el miércoles en la tarde se suspendió para el próximo martes 22 de junio, según fuentes de Participación Ciudadana (PC), que tiene a dos delegados que deben participar de todas las reuniones por mandato constitucional, al haber presentado un proyecto de reforma a esta ley con firmas de respaldo de la sociedad.

De acuerdo con la ley vigente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está obligado a publicar con quince días de anticipación el llamado a elecciones (17 de julio), los límites para el gasto en promoción electoral, es decir el 2 de julio.

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Con los montos vigentes, el candidato para alcalde de Guayaquil o Quito, por ejemplo, podrá gastar solamente 265 mil dólares, y los postulantes a la prefectura, la misma cantidad.

En el caso de consejeros, 135 mil dólares y de concejales, 150 mil dólares.
PC está preocupada por las cantidades y la clarificación de las sanciones de la ley, que se aplicó por primera vez en las pasadas elecciones seccionales del 2000, aunque en las nacionales del 2002 se evidenciaron más los vacíos legales, las ilegalidades cometidas por los partidos políticos y la incapacidad de los organismos electorales, tanto provinciales como el nacional, para juzgar las cuentas.