Después de la sonora pifia que el presidente Gutiérrez recibió durante su visita a Cuenca en esta semana y de los reclamos del Alcalde de Guayaquil en nombre de la Municipalidad y de los sectores civiles del cantón –al cual se sumaron luego los pedidos de otras tres importantes ciudades como Quito, Cuenca y Loja– el Gobierno está nuevamente en apuros, pues le han dado plazos para que cumpla sus compromisos, y es evidente que no podrá cumplir con todos.

Los municipios del país se sienten frustrados por no poder realizar las obras y servicios que quisieran porque el sistema del manejo de los recursos estatales ha sido diseñado de tal forma que todas las cosas tienen que pasar por un agujero central que cada día se hace más estrecho, lo que impide el flujo fácil y expedito de fondos a las administraciones seccionales, aun de aquellos que constitucionalmente les corresponden.

Los cuatro municipios reclaman –y especialmente Cuenca y Loja– que haya un real proceso de descentralización en todas las áreas del Estado (solo descentralización, porque el tema de las autonomías quedó relegado ¿para siempre? hace tiempo), el mismo que varios gobiernos han sido renuentes a ejecutarlo, presas como fueron y como son, de un centralismo atosigante.

La riqueza que se produce en las provincias no debería aglutinarse toda en una caja central sino que parte de ella debería quedarse en las provincias o regiones que la producen, y especialmente en los municipios que son las unidades políticas primarias del país. Por supuesto que los municipios, dentro de una efectiva descentralización, deberían ajustarse a los planes macroeconómicos que le corresponde formular al Gobierno Nacional así como a las políticas de educación, de salud pública, de vivienda, de seguridad pública que el Estado acuerde.

Los municipios demandan también la reducción de ciertas tasas en las planillas eléctricas como elemento indispensable para estimular la producción y mejorar la competitividad, y piden con mucha creatividad la constitución de fideicomisos para garantizar la inversión extranjera en nuevos proyectos hidroeléctricos como en el caso de Guayaquil y, todavía más novedoso en el caso del Azuay, para garantizar la transferencia oportuna de los recursos pertenecientes a la provincia. Primera vez que veo una cosa así, lo que se explica por el grado de desesperación existente.

Y por último, los alcaldes, ante la ola delincuencial desatada que tiene a las personas recluidas en sus casas por la noche, exigen que el Gobierno central encuentre una forma para proteger a la ciudadanía en comunicación de esfuerzos con esta y con cada municipio.

En un Estado en el que ha habido dos rupturas constitucionales en los siete años precedentes –rápidamente parchadas– con un preocupante cuadro de crisis fiscal, financiera e individual, además de enormes inseguridades jurídica y personal –esta última ahora agudizada– no es posible que el Gobierno siga actuando como si nada pasara, desoyendo los silbidos de reprobación pública y la censura ciudadana, conducta que puede costarle caro y alterar la paz de la nación.

Luce como una alucinante sordera.