El artículo 8 de las reformas al Reglamento para la Administración del Fondo de Electrificación Rural y Urbano-Marginal (Ferum), que el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) puso ayer a consideración de una audiencia pública, causó polémica entre quienes asistieron.

Patricio Crespo, gerente general de la distribuidora eléctrica Azogues, dijo que dicho artículo beneficiará a los empresarios que desarrollen programas de vivienda en las zonas urbano-marginales, pues no serán ellos, sino el Estado el que tenga que poner la infraestructura y suministro eléctrico (postes y tendido). Actualmente, estos gastos corren por cuenta de los empresarios.

El artículo se refiere a la distribución de los recursos del Ferum, que entre otros rubros, también se alimenta del 10% adicional al valor neto facturado, que aportan los sectores comercial e industrial.

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Ahí también se dispone que el 50% de ese 10% se destine a proyectos de electrificación en los sectores de las áreas de concesión de las distribuidoras eléctricas, siempre que cumplan con los requisitos especificados en las reformas.

La condición es que sean planes de electrificación rural y urbano-marginal destinados a brindar electricidad a los sectores que no cuenten con servicios básicos, y que además “formen parte de programas de vivienda debidamente aprobados por los correspondientes organismos”.

El otro 50% irá a un fondo común para programas de electrificación en las zonas más pobres, fronterizas, Amazonia y Galápagos.

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Leonardo Zaragocín, representante del Fondo de Solidaridad, entidad dueña de las distribuidoras eléctricas, declaró que “el Ferum no es un negocio, sino un servicio a la comunidad”.

Además –precisó- que existen algunas empresas que tienen como único capital de inversión ese fondo, entre ellas, Manabí y Bolívar. 

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Diego Monsalve, diputado del Azuay, en un comunicado que dejó a las autoridades del Conelec, dijo que “el proyecto tal como esta planteado, está muy direccionado (...); y elimina y limita la ayuda a los más pobres del país”.