El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reactivó este miércoles la polémica con los grupos de derechos humanos al calificar a Amnistía Internacional de cómplice del terrorismo por guardar silencio después de la masacre de 34 campesinos asesinados por la guerrilla.
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero del país, asesinaron el martes a 34 campesinos recolectores de hoja de coca en una zona selvática fronteriza con Venezuela, en la peor masacre desde que Uribe asumió el poder en agosto del 2002.
 
" Saben que me da tristeza? que a esta hora no he escuchado pronunciamiento alguno de Amnistía Internacional. Me duele que hallan degollado 34 campesinos de la patria y Amnistía Internacional guarde silencio", dijo Uribe notablemente exaltado en un acto de gobierno en un cuartel policial.
 
"Por guardar unas reglas de cortesía hipócritas y no tener el valor de denunciar a Amnistía Internacional, hemos permitido que legitimen al terrorismo internacionalmente. No. Con este Gobierno no es eso".
 
"La aparente calma de las buenas maneras del presidente frente a los cómplices culposos del terrorismo solamente sirve para legitimar el terrorismo", agregó al recordar que Amnistía acusa a su gobierno de promover un estado terrorista.
 
Eric Olson, director de Amnistía Internacional para las Américas, dijo a Reuters que esa organización no había condenado la masacre del martes, pero que en el pasado lo hizo con ataques de la guerrilla y de los paramilitares, considerados por Estados Unidos como grupos terroristas.
 
"El (Uribe) ha llevado a cabo una larga campaña para desacreditar a los grupos de derechos humanos, que son las únicas voces independientes de lo que está ocurriendo y las tácticas empleadas por el ejército, los paramilitares y la guerrilla", declaró telefónicamente.   
 
Uribe reactiva la polemica
 
Uribe, un abogado de 51 años, promueve una agresiva campaña militar con la que busca derrotar a la guerrilla izquierdista que se replegó a apartadas zonas montañosas y selváticas, mientras mantiene una negociación de paz con los paramilitares de ultraderecha para desmovilizar a 20.000 combatientes.
 
La estrategia incluye el aumento del gasto militar, del número de efectivos de las fuerzas armadas, operaciones en remotas regiones en donde cientos de supuestos colaboradores de la guerrilla son capturados y trasladados a prisiones.
 
Adicionalmente el mandatario logró que el Congreso aprobara facultades excepcionales para los militares quienes podrán realizar capturas, allanamientos e interceptación de comunicaciones sin orden judicial.
 
Grupos de derechos humanos advirtieron que esas facultades pueden disparar las violaciones a los derechos humanos de los militares, que en el pasado cometieron abusos y atropellos.
 
Con su pronunciamiento contra Amnistía Internacional, el presidente reactivó su polémica con los grupos defensores de derechos humanos a los que calificó en septiembre pasado de "politiqueros al servicio del terrorismo".
 
En esa ocasión los grupos de derechos humanos aseguraron que Uribe los había estigmatizado y convertido en objetivo militar.
 
"Amnistía Internacional (es) la que a esta hora no se ha pronunciado y que ha recorrido las oficinas oficiales de los gobiernos europeos diciendo que se condene al Estado de Colombia porque es terrorista", agregó.
 
Uribe pidió a los grupos defensores de derechos humanos cumplir su labor sin sesgos políticos y sin confundir los actos de autoridad de su gobierno con hechos de terrorismo.