Según entrevistadores de la televisión, el tema de la violencia engendrada por la Policía Metropolitana en las pasadas semanas, es un tema que podría superarse solo con la ayuda que debe pedírseles como “favor” a los funcionarios municipales encargados de dirigir a este grupo de gendarmes. En otras palabras, este asunto se soluciona “rogando” a los jefes que hagan que sus guardianes se porten mesuradamente.

Convencida de que los buenos oficios siempre deben ser las primeras herramientas para solucionar controversias, no creo que cuando se trate del respeto a los derechos humanos, el camino sea el requerir buenos oficios.

Cuando los derechos humanos formaron parte de los ordenamientos jurídicos de las naciones, en su mayoría, fueron determinando el límite del Estado, esto es fueron aquellos derechos los que frenaron las actuaciones estatales. Luego, con la evolución del Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, las obligaciones del Estado fueron acrecentándose y entre ellas, tal como lo establece la Constitución vigente en nuestro país, la de que todos los funcionarios, dignatarios y autoridades deben ser honestos, eficientes y capaces.

Lo que significa que el Estado no solo tiene que aguantarse las ganas de golpearnos o agredirnos cuando nos pierda la paciencia, sino que tiene que tomarse la molestia de elegir a funcionarios que a la postre son nuestros servidores, capaces, eficientes y honestos. Por lo menos, gente con esas tres características, obedeciendo al mandato constitucional.

Por ello es que el tema de la Policía Metropolitana no solo pasa por la identificación de estos como los agresores callejeros, sino por la reflexión de saber quién los entrena, quién los prepara, quién elaboró los criterios para seleccionarlos y cuánto dinero se invierte en su permanente capacitación.

La M.I. Municipalidad de Guayaquil ha demostrado contar con criterios altísimos de selección al reclutar a sus funcionarios. A estas alturas del partido, a no ser por pocas excepciones, el cabildo se caracteriza por tener excelentes funcionarios; por ello salta a la vista y preocupa verificar que esos mismos criterios no son utilizados con su policía.

Los derechos humanos han tenido en su contra la sistemática y absurda tesis de ser los derechos de los ladrones y de los revoltosos. ¡Falso!, como falsas son las intenciones de quienes ostentan esta limitada visión jurídica. Quienes creemos en ellos, también nos preguntamos si la Policía Metropolitana o la Nacional cuentan con un buen seguro o están bien pagadas; nos preguntamos si se sienten respaldadas por el Estado que representan o solo se sienten un grupo de personas que, temiendo perder el empleo, obedecen órdenes. Nos preguntamos qué sucede con su familia cuando mueren en el cumplimiento de su deber, nos preguntamos si sus hijos tendrán garantizados por lo menos la educación o la alimentación. ¡Claro que nos lo preguntamos!, y sabemos que la respuesta está en el bolsillo del Estado.
Pero esas preguntas no nos merman el derecho a exigir que se entienda que no tenemos por qué soportar las consecuencias de la ineficiencia e incapacidad de gente que porta armas sin saber cómo evitar usarlas.