Deformación cívica

La televisión ecuatoriana se debate entre su gusto por el autoritarismo y su vocación humanitaria. En situaciones comprometedoras, siempre parece más dispuesta a optar por la caridad que por la justicia, como lo demostró esta semana Ecuavisa, en la cobertura del caso de Pedro López, en cuya dolorosa situación se interesaron los conductores del programa matinal ‘Está clarito’.

López es el anciano al que la Policía Municipal de Guayaquil detuvo en forma violenta y arbitraria el pasado 13 de mayo, en una manifestación de comerciantes informales de la que él no formaba parte. A pesar de su edad, fue golpeado brutalmente e incomunicado por varios días, junto con el resto de detenidos en esa jornada. Hoy, que ha recuperado su libertad luego de que su familia lo diera por desaparecido, se encuentra postrado como consecuencia de los maltratos y debe afrontar una cuenta de gastos médicos superior a sus capacidades de pago.

Hasta su humilde mediagua llegaron las cámaras de Ecuavisa en plan beneficencia y lo visitaron en su lecho de dolor. De haberse tratado de TC Televisión habríamos asistido al triunfal ingreso de la reportera del drama cargada de analgésicos y sueros. Con menos alharaca pero insuflada de exactamente el mismo espíritu, la gente de ‘Está clarito’ se limitó a hacer un llamado a las almas caritativas de la Patria en pro de ayuda para el pobre López. Luego entrevistaron al jefe de Justicia y Vigilancia del Municipio, Andrés Roche. ¿Le exigieron que rinda cuentas por los atropellos y las violaciones a los derechos civiles de las personas? No, le pidieron ayuda, también a él. El funcionario ofreció reunirse con el anciano “bajo las reservas del caso”. Y el padre Agila, con el pecho henchido de buenas intenciones, recomendó “olvidar” todos los agravios.

Así, el caso de Pedro López, que es un caso de abuso flagrante de poder, uso indebido de la fuerza y violación de derechos fundamentales por parte de una de las instituciones del Estado (es decir, es un caso político), quedó reducido a un pretexto para el ejercicio de la filantropía, uno más de tantos casos similares que circulan por aquellos conocidos programas de caridad (como el que conduce el mismo Agila en Ecuavisa Internacional), programas cuyo trabajo consiste en buscar un pobre por semana y ofrecerlo al público como una oportunidad para tranquilizar conciencias.

Pero la cosa no quedó ahí. Dos días más tarde, ‘Está clarito’ volvió sobre el tema de los atropellos cometidos por la Policía Municipal en las manifestaciones del 13 de mayo. En esta ocasión entrevistaron a Rodolfo Salas y Luis Alberto Romero, los dos agentes municipales que fueron retirados del servicio por los abusos. Si ellos buscaban comprensión, no podían ir a mejor sitio. Porque, si bien los conductores del programa los reconvinieron suavemente (casi con dulzura, diría), terminaron sirviéndose de sus mismos argumentos para eludir el tema político de fondo y desviar la discusión hacia un punto que no resulte incómodo para autoridad alguna.

¿Cuál era ese punto? Simple: la culpa de todo la  tienen los comerciantes informales, que se entregaron a la poco edificante tarea de destrozar un vehículo municipal. ¿Cómo quieren que se respeten sus derechos humanos si ellos no son capaces de respetar los bienes públicos? O sea que la privación arbitraria de la libertad, la incomunicación, la privación de agua (todos los detenidos dijeron haber tenido que beber de los retretes), el uso indebido de la fuerza y la tortura (temas que fueron olímpicamente ignorados en el programa) son solo una consecuencia de lo mal portados que somos. Más claro: necesitamos palo para aprender a vivir como la gente.

“El problema está por ahí”, dijo Agila, bastante cercano a una teoría política del control fascista: “No estamos sintiendo como propios la ciudad, los vehículos, los bienes que tenemos para el ordenamiento de la ciudad”. No señor: el problema (el problema de Pedro López y de los otros detenidos) está en la impunidad con que las instituciones del Estado (la Policía Municipal de Guayaquil, en este caso) pueden incomunicar y torturar a una persona, mientras algunos populares animadores de la TV buscan la forma de justificarlo todo. El Estado no tiene derecho de incomunicar a nadie. Cuando Agila nos da a entender lo contrario, está impartiendo la peor de las pedagogías en materia política y justificando el autoritarismo como sistema.

La televisión es, para muchísimos ecuatorianos, el principal referente de conducta cívica que tienen a la mano. Y eso exige de los animadores (por lo menos de aquellos que se ocupan de temas como este) un mínimo de comprensión de los principios fundamentales que rigen a una sociedad y de las dinámicas políticas que se dan en su interior, comprensión que no puede ser sustituida por simpatía y buenas intenciones. O Richard Barker, el padre Agila y compañía se instruyen en estos temas o mejor será que se dediquen a hablar de diseño de modas o lo que fuese, cualquier cosa que no contribuya a la deformación cívica de los televidentes.
raguilarandrade@yahoo.com