Exportación de crudo subió en el 12,3% hasta mayo

El incremento de la producción petrolera en las empresas privadas permitió a Petroecuador –compañía estatal de petróleos– exportar 12,3% más de crudo en los primeros cinco meses de este año, que en igual periodo del 2003.

Entre enero y mayo de este año el país vendió 18,2 millones de barriles, el año pasado fueron  16,2 millones, informó Petroecuador.

El incremento obedece a la mayor participación del Estado dentro de los contratos de explotación con las petroleras privadas, es decir, a mayor extracción del crudo más barriles le corresponden al país.

Las petroleras empezaron a sacar más hidrocarburo porque cuentan con un nuevo sistema de transporte: el Oleoducto para Crudos Pesados (OCP). Este segundo tubo lleva únicamente petróleo de las compañías privadas, desde los campos en la Amazonia hasta el puerto de Balao, en Esmeraldas. El petróleo estatal es bombeado por el Sote (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano).

Las petroleras que elevaron su participación fueron Occidental, Ecuador TLC, AEC y City Investing, de acuerdo con Petroecuador.

Por el volumen que Ecuador exportó recibió alrededor de 548 millones de dólares, pues facturó a un precio promedio de 30,1 dólares en los primeros cinco meses del año.

Mientras las privadas subieron su producción, la estatal se mantiene en 192.000 barriles, porque el Gobierno no cuenta con dinero suficiente para extraer su petróleo. Debido a ello, el ministro de Energía, Eduardo López, pidió al Congreso que tramite con urgencia las reformas a la Ley de Hidrocarburos.

El miércoles pasado, el pleno del Congreso decidió posponer el análisis del proyecto para el martes próximo.

Las reformas se concentran en dos puntos: crear contratos de gestión compartida para que Petroecuador pueda asociarse con empresas privadas y explotar sus campos en producción; el segundo consiste en mejorar las condiciones para el Estado en los contratos de Asociación, que se aplican para exploración y explotación.

Sin embargo, los legisladores no logran ponerse de acuerdo en el primer punto: unos están a favor de incluir en la ley un porcentaje mínimo y fijo para el Estado del 35%, y otros dicen que el porcentaje debe ser variable y constar en las bases de licitación.