Entidades públicas deben enviar pedido de sus presupuestos

El plazo para que las instituciones públicas que conforman el Gobierno central envíen sus solicitudes de presupuesto al Ministerio de Economía (MEF) vence este 30 de junio, según información del Proyecto de Administración Financiera del Sector Público (cuyas siglas, Sigef, corresponden al nombre anterior: Sistema de Gestión Financiera).

Los pedidos serán evaluados e incluidos en la pro forma presupuestaria del 2005, que el MEF deberá enviar al Congreso, según la Constitución, hasta el 1 de septiembre próximo.

Las instituciones que no envíen sus requerimientos hasta el 30 de junio recibirán la asignación que el MEF considere conveniente, señalaron fuentes del Sigef.

Jorge Olmedo, director ejecutivo del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, dijo que los organismos seccionales no están dentro de este sistema, pues las partidas que les corresponden están dentro de la preasignación del 15% de los ingresos destinados a este sector.

En la página web del Proyecto están las directrices para la pro forma presupuestaria del 2005, en las que se indica cómo ingresar la información.

Los técnicos del Sigef advirtieron que el MEF no contempla alzas salariales en el 2005 y que el único rubro que puede subir es el de inversión, “pero máximo en el 3,5%, según la ley de Responsabilidad Fiscal”.

El año pasado, las solicitudes del Gobierno sumaron más de 11.000 millones de dólares, pero finalmente el MEF envió al Congreso una pro forma de 7.088 millones.

El Gobierno aún no tiene definido cómo financiará el presupuesto del 2005. Ese es uno de los temas que quedaron pendientes en las negociaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, el MEF informó que continúa la depuración de los roles de pago del sector público, con el fin de ahorrar recursos, que a su vez servirán para respaldar el alza salarial que anunció el Gobierno y que podría entrar en rigor el 1 de julio próximo.  Hasta el 9 de junio, la Subsecretaría del Tesoro Nacional verificó la contratación de 221.280 empleados del sector público.