Detrás de las medidas de fuerza de los últimos días se movieron, sin duda, los hilos de algunos poderosos empresarios que se han enriquecido con la venta de pepinos de mar y aletas de tiburón en los mercados asiáticos. Las cifras son multimillonarias, y por supuesto, ese poder es suficiente para conseguir lo que haga falta.

Eso no es todo. Detrás están, también, algunos funcionarios, diputados y autoridades locales –con estrechos vínculos políticos entre sí–, que seguramente participan del beneficio económico del tráfico de pepinos y que, lejos de responder a los intereses del archipiélago, solo se interesan en asegurarse los votos que necesitan para continuar depredando las islas.

Lo inaudito es que ahora se ha dado un paso más: un representante de la función Judicial le ha dado la razón a los enemigos del equilibrio ecológico, a los que promueven la violencia y a los que desacreditan la imagen internacional del Ecuador.

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¿El Consejo Nacional de la Judicatura conoce dicha resolución? ¿Se ha asegurado de que la misma esté ajustada a la ley y a la Constitución?