Cuando se habla de la redefinición de las misiones o del papel de las Fuerzas Armadas, lo más probable es que se quiera destacar la necesidad de readecuar al sistema de defensa con relación a los nuevos escenarios geopolíticos y realidades estratégicas, pero siempre en función de sus responsabilidades inmanentes y constitucionales.

Luego de la campaña del Cenepa y de la firma de la paz en 1998, el Ecuador al mismo tiempo que cumplía con los programas de Medidas de Confianza Mutua con el Perú, para la consolidación de la paz y la integración, sintió la responsabilidad de prever las consecuencias que se derivarían de la implementación del Plan Colombia, a partir de junio del 2000.

El Ecuador desde el Cosena, en marzo del 2000, con la suficiente anticipación, analizó la situación y determinó la Política de Seguridad de la Frontera Norte, cuyas directrices se basan en el respeto al derecho internacional, la no injerencia en asuntos de otro Estado, cooperación interinstitucional en base de los convenios internacionales, creación de la Unidad de Desarrollo Norte (Udenor) y mejoramiento de la capacidad operativa de la fuerza pública.

Desde entonces, con criterio absolutamente preventivo se realiza la planificación de la seguridad. Los dispositivos fueron modificados y se readecuaron recursos, instalaciones y planes de entrenamiento, para optimizar las capacidades operativas, administrativas y logísticas.

No obstante, luego de haber tomado las medidas prioritarias que la situación exigía, se encontraba pendiente la política de defensa nacional, por esta razón se inició un proceso democrático, participativo e incluyente mediante el diálogo militar con todas las instituciones y la sociedad. Evento difundido ampliamente por los medios de comunicación social, como atestiguan sus titulares: El diario Hoy: ‘Las políticas de defensa nacional, un bien publico’ (21 de mayo), al mismo tiempo que reseñaba la participación de 250 personas y once delegaciones de países extranjeros. EL UNIVERSO, en el paraninfo lleno de la Universidad de Guayaquil: ‘Conflictos de la región pesan en la defensa’ (4 de julio). El Comercio: ‘Libro Blanco, se abre el debate’ (5 de julio). El Tiempo, de Cuenca: ‘Foro sobre el Libro Blanco’ (3 de agosto).

El Libro Blanco se anticipó en la determinación de las amenazas no estatales transnacionales que siete meses después fueron reconocidas en la Política de Seguridad Democrática (PSD) de Colombia (junio de 2003). Al igual que en los objetivos estratégicos: Proteger la vida de la población y los recursos del país y el control efectivo del espacio territorial de la nación, que en la PSD de Colombia constan como protección de la población y consolidación del control estatal del territorio.

No es por consiguiente, necesaria la redefinición de misiones sino una adecuada conducción de la política de defensa mediante un empoderamiento social, liderazgo efectivo y un proceso de monitoreo que facilite la rendición de cuentas.

La transformación de la defensa pendiente debe mejorar: la legislación, la organización, las capacidades y la adaptación de los recursos a los diferentes escenarios y naturaleza de los conflictos; en un proceso de redefinición de los estándares de ejecución de las mismas misiones constitucionales, que permitan cubrir las vulnerabilidades con mayor cooperación para hacer frente en mejores condiciones a los nuevos desafíos.