1. El otorgar seguridad ciudadana, cuidando la vida y los bienes de las personas, constituye el primer deber del Estado y, por lo tanto, este tiene de inmediato que adoptar una política contundente, permanente y financiada en esta materia. Para este efecto, en lo que a provisión de fondos se refiere, el Gobierno debe dar prioridad número uno a los gastos suficientes para garantizar la seguridad, en cada presupuesto anual.

2. La seguridad es tarea de todos. Los ciudadanos e instituciones estamos dispuestos –y lo hemos demostrado– a seguir asumiendo nuestra responsabilidad moral y cívica. Pero, el Ejecutivo tiene que ejercitar, a plenitud y de manera integral, su obligación legal de combatir las causas y los efectos de la delincuencia, aplicando todo método legal y eficiente.

Asimismo, el poder judicial no puede permitir que ciertos malos elementos de esta función del Estado mal utilicen disposiciones legales y se presten a maniobras dolosas para que recuperen ilegalmente su libertad una serie de delincuentes, burlando así el esfuerzo policial y ciudadano.

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3. Se debe atender con urgencia la falta de armamento y equipos de comunicación que adolece la Policía, la que supera el 50% de acuerdo a afirmaciones del propio Comandante General de Logística.

4. En lo coyuntural, la Policía Nacional acantonada en Guayaquil necesita, según datos proporcionados por sus propios comandantes

$ 240.000 mensuales para atender los gastos de combustible y mantenimiento de su equipo automotor y de patrullaje. Esta cantidad debe serle transferida completa y puntualmente, cada mes, para este exclusivo fin. Es inaceptable y revela una actitud opuesta al afán de otorgar seguridad el que, por la no atención de esta obligación, se ponga en riesgo la vida y los bienes de un importante porcentaje de habitantes de Guayaquil.