Cerca de 50 familiares y amigos de las 13 personas que permanecen detenidas, desde hace más de tres semanas, por supuestos daños a los bienes públicos, exigieron ayer que el Municipio revoque las acusaciones en su contra y autorice que se les conceda la libertad.

El pasado 13 de mayo, más de 150 comerciantes informales protestaron por el maltrato que sufrió el niño Carlos Torres Giler, de 12 años, por parte de policías metropolitanos. Durante la manifestación, seis vehículos municipales sufrieron daños, motivo por el que fueron apresadas 16 personas, de las cuales 3 ya están en libertad.

El proyecto Servicio legal penal (Selep) de la Universidad de Guayaquil y el Comité permanente por la defensa de los Derechos humanos están apoyando a los familiares de los detenidos en las gestiones ante las autoridades.

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“Tenemos planificado recolectar firmas y visitar a las autoridades de la ciudad para que las violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas durante las detenciones de estas personas no queden en la impunidad”, explicó Billy Navarrete, coordinador del Comité.

Para el abogado Juan Vizueta, de Selep, hay algunas contradicciones en el informe de la Policía que “demostrarán la inocencia de los detenidos”. Por ejemplo, señaló que la mayoría de las personas fueron apresadas a más de nueve cuadras de distancia del lugar donde ocurrieron los daños, “por lo que es imposible que hayan participado en los destrozos”.

DENUNCIAS

Traslado
Los detenidos fueron encarcelados en la Policía Judicial del Guayas (PJ-G), donde estuvieron incomunicados. Recién fueron trasladados a los centros penitenciarios el fin de semana pasado.

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Maltratos
Según han denunciado los apresados a sus familiares y al Comité de defensa de los Derechos humanos,  durante su estancia en los calabozos de la PJ-G fueron privados de agua y comida.