El caso Baltra congrega hoy, a las 15h00, en Puerto Ayora, al procurador del Estado, José María Borja; al comandante de la FAE, Ángel Córdova;  funcionarios del Municipio de Santa Cruz y Parque Nacional Galápagos, en la audiencia de conciliación convocada por el juez 2º de lo Civil de Galápagos, Alberto Guerra.

La diligencia es parte del juicio de nulidad de sentencia ejecutoriada, planteado por el Municipio de Santa Cruz para dejar sin efecto un dictamen del mismo juez, quien el pasado 23 de julio otorgó la propiedad  de la isla Baltra a la FAE.

El juicio de nulidad se inició el pasado 3 de marzo, con el argumento de que el dictamen se dio sin hacer  conocer a las partes interesadas.

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Una vez que se conoció la sentencia del juez, en marzo pasado, los sectores sociales, productivos y ambientalistas  se manifestaron en contra y  denunciaron un supuesto interés de establecer una base militar estadounidense, lo que fue desmentido por la FAE.

El Municipio reclama porque Baltra pertenece a Santa Cruz, y el PNG, porque todas las islas están involucradas en la declaratoria de Patrimonio Natural de la Humanidad.

Baltra tiene una extensión de 2.452 hectáreas y entre 1942 y 1946 fue una base militar de EE.UU. Hoy es una base de la FAE, donde funciona el aeropuerto,   hay una base de la Armada, tanques de almacenamiento de combustibles de Petroecuador y  el PNG desarrolla un programa con iguanas.