El juicio se inició en diciembre del 2003, luego de un reportaje  presentado en Ecuavisa, que provocó una demanda del jefe político Diego Román.

Con la providencia de ayer, el juez revocó todas las medidas cautelares dictadas en el proceso contra los imputados. En el dictamen, se analiza el hecho de que el video fue tomado sin el consentimiento de las personas que allí aparecen, por lo cual la providencia señala que “el origen del proceso es una violación a las garantías constitucionales”.

Fueron implicados: la directora, Saida  Moscoso; y los empleados, Henry Morocho, José  Toapanta, Miriam  Naula, Luis Granda y Amelia Berrú.

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