Con siete reformas legales, el Gobierno busca un soporte para el programa económico y afianzar el contenido de la Carta de Intención que enviará al Fondo Monetario antes de agosto próximo.

¿El objetivo? Mejorar las condiciones de vida de la población, dice el ministro de Economía, Mauricio Yépez.

Los siete proyectos retoman tesis de años anteriores e incluso del gobierno de Gustavo Noboa, como las modificaciones en los sectores petrolero y eléctrico, a lo que se suma el proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos.

Publicidad

Yépez asegura que la aprobación de los proyectos generará crecimiento.

Pero Vicente Albornoz, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, dice que “escoger un buen ministro (de Energía) puede hacer más que una reforma legal (en el área petrolera)”.

Alberto Acosta, analista del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), considera que las reformas planteadas poco o nada harán por aumentar el empleo y bajar la pobreza.

Publicidad

Los proyectos Cambios para el Presupuesto del Estado
La reforma presupuestaria busca “transparentar” los ingresos reales del Estado; una parte de ellos no consta en el presupuesto, pues se desvía directamente a entidades públicas como preasignaciones.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el año pasado, por ejemplo, unos 1.300 millones de dólares no entraron en la pro forma.

Publicidad

En el 2002, el organismo ya pidió la eliminación de las preasignaciones, pero los directivos de los establecimientos de educación superior se opusieron a esa posibilidad. La reforma plantea que todas las recaudaciones tributarias se depositen en la cuenta del Tesoro.

Ventajas para vender los activos de banca cerrada
Tras el colapso de la mitad del sistema financiero en 1998 y 1999, el Estado –principalmente, a través de la Agencia de Garantía de Depósitos y del Banco Central– recuperó parte del salvataje en bienes inmuebles que fueron entregados como pago por los banqueros y, luego, por los deudores.

Esas propiedades le cuestan al fisco por mantenimiento, vigilancia y seguros. Sin embargo, el costo de venderlos es alto, por los impuestos establecidos en varias leyes. La reforma tiene tres artículos en los que contempla la exoneración de tasas y un tratamiento preferencial para que el Estado pueda vender esos bienes y obtener efectivo.

Reformas para el fondo de jubilaciones
El Gobierno propone sustituir el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, que establece la obligación del Estado de financiar el 40% del fondo de las jubilaciones. El argumento es que el IESS no capitaliza el fondo de pensiones y arriesga los recursos, debido a posibles incrementos de las pensiones jubilares “al margen de estudios actuariales consistentes”.

Publicidad

El proyecto plantea que el aporte del 40%  sea en bonos del Estado, a una tasa de interés del 5% y un plazo de 5 años. El rendimiento se pagaría anualmente y solo se podría usar para financiar las jubilaciones. Para garantizar el pago del capital, se prevé que el Banco Central haga provisiones.

Reforma financiera para situaciones de iliquidez
Con un artículo, la reforma a la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado busca poner a disposición de las instituciones del sistema financiero privado préstamos “para superar situaciones temporales de iliquidez”.

El texto señala que “una vez agotadas las líneas de crédito a la que tiene derecho la respectiva entidad en el Fondo de Liquidez”, esta podrá autorizar la concesión de créditos a un plazo máximo de 60 días, a cargo del Banco Central.

El ministro de Economía, Mauricio Yépez, advierte que así el BCE volvería a ser prestamista de última instancia (dejó de serlo tras la dolarización).

Modificaciones para la inversión petrolera
Extraer 6.000 millones de barriles de petróleo no será tarea fácil para la estatal Petroecuador, para ello requiere 5.800 millones de dólares, que no tiene, y una reforma a la Ley de Hidrocarburos, que está en el Congreso.

Sin embargo, si el Parlamento no trata el proyecto, la semana siguiente el Ministerio de Economía alistará otro que contiene nueve artículos y dos disposiciones transitorias.

El segundo texto plantea que el porcentaje de participación del Estado sobre los campos en producción que Petroecuador licite conste en las bases del concurso y se determine por campo.

Garantías para lograr más generación eléctrica
Crear un fideicomiso con $ 500 millones en bonos para atraer la inversión privada es el principal objetivo de la Ley Orgánica del Régimen de Garantías para el sector eléctrico que el Ministerio de Economía enviará al Congreso, con el carácter de económico urgente, en agosto próximo.

El documento de seis artículos y dos disposiciones pretende garantizar el pago de la energía a quienes inviertan en nuevas plantas de generación hidroeléctrica. La intención es que las nuevas generadoras nunca estén impagas por las distribuidoras; de esa manera se garantizará al público una baja tarifa eléctrica, según  Conelec.

Plan de sanciones contra quienes roben  servicios básicos
El robo de la electricidad, agua, líneas telefónicas y otros servicios básicos serán sancionados. Los planes del nuevo ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Yépez, incluyen también el envío de una reforma al Código Penal para sancionar a quienes usurpen estos servicios que se brindan a la población.

La intención del Gobierno es evitar pérdidas al fisco y castigar a los infractores con prisión de 6 a 18 meses y una multa de diez a cien salarios mínimos vitales.

Con esas reformas a la ley, que se analizan desde el año pasado, las autoridades esperan concienciar a la población en la utilización de los servicios.

El control para evitar las sustracciones se coordinaría con el resto de instituciones que prestan servicios públicos de agua potable, luz y teléfono, especialmente.