Con un minuto de silencio en memoria del fallecido ex presidente de EEUU Ronald Reagan, comenzó este domingo en Quito la 34ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que tendrá como tema central la lucha contra la corrupción.
 
En la sesión inaugural, que se celebra en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, están presentes delegaciones de 34 países de América -todos menos Cuba, suspendida de participación desde 1962- que escucharán sendos discursos del secretario general de la OEA, César Gaviria, y del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez.
 
 En esta Asamblea se tratarán un total de 79 temas, se aprobará una Declaración con la que se quiere convertir a América en un territorio hostil para funcionarios corruptos y se elegirá, mañana lunes, al costarricense Miguel Angel Rodríguez como nuevo secretario general.
 
La elección del costarricense Rodríguez, único candidato para sustituir a Gaviria, se llevará a cabo previsiblemente por aclamación, ya que el ex presidente de Costa Rica ha conseguido el voto de todos los países miembros de la Organización.
 
A pesar de que la elección se va a realizar en esta Asamblea, Rodríguez no tomará posesión del puesto hasta el próximo mes de septiembre.
 
Los cancilleres de América quieren convertir el continente en territorio hostil para los funcionarios corruptos y se comprometerán en Quito a negar la acogida en sus países a estos funcionarios así como a quienes los corrompen.
 
El punto clave de la llamada "Declaración de Quito", que los cancilleres de los 34 países de América terminaron de perfilar hoy en la capital ecuatoriana y que será aprobada en la sesión de clausura de la XXXIV Asamblea de la OEA, es el deseo de convertir el continente en territorio hostil para los funcionarios corruptos.
 
De acuerdo con la "Declaración de Quito", los cancilleres se comprometen a negar la acogida en sus países tanto a esos funcionarios corruptos como a quienes les corrompen.
 
Tras indicar que "el fenómeno mundial de la corrupción es un obstáculo crítico para el desarrollo social", los cancilleres recuerdan cómo el problema ha sido objeto de atención de los Presidentes y Jefes de Gobierno de América" durante las Cumbres Hemisféricas.
 
Igualmente, se comprometen "a cooperar en su extradición y en la recuperación y restitución de los activos originados en la corrupción a sus legítimos propietarios", para lo cual, dicen, "debemos perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia judicial mutua en materia penal".
 
Esta Declaración indica que "el compromiso con la democracia tiene que ver con la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción" y destaca que esta lacra afecta a la institucionalidad y al crecimiento económico de los países.
 
Subrayan además que "atentan contra la confianza ciudadana, lo que compromete la estabilidad política y genera a su vez, el incremento de la pobreza".
 
Los cancilleres destacan cómo la "Convención Interamericana contra la Corrupción significó el primer paso para combatir conjuntamente el grave problema de la corrupción" pero indican que "es necesario perfeccionar su mecanismo de seguimiento" y "fortalecer una acción coordinada y colectiva de los Estados para combatir eficazmente la corrupción y erradicar la impunidad".
 
El documento de Quito favorece "la aprobación de medidas efectivas y concretas para la prevención y combate contra todas las formas de corrupción, soborno y prácticas ilícitas conexas en las transacciones comerciales", entre otras.
 
Los cancilleres manifiestan su preocupación por las "prácticas corruptas, ilegales y fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y transnacionales" que dicen, podrían afectar negativamente las economías y al crecimiento económico con equidad.
 
La Declaración destaca también que "el combate a la corrupción fortalece a las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vigoriza la gestión pública, evita el deterioro de la moral social y contribuye a la seguridad de los Estados" del continente.