Los inmigrantes "sin papeles" desalojados este domingo por la policía de la catedral de Barcelona (noreste) han emplazado al Gobierno a negociar antes del jueves una solución a su situación, mientras la Delegación del Gobierno (gobernación) cree que este colectivo ha sido "utilizado" en plena campaña electoral.
 
La Generalitat (gobierno autonómico), por su parte, considera que se ha actuado de forma positiva.
 
Los aproximadamente 500 inmigrantes que participaron este domingo en la concentración convocada por la Asamblea por la Regularización sin Condiciones acordaron dar un plazo de tres días al Gobierno, concretamente hasta el miércoles a las 18h00 horas local (16h00 GMT), para abordar su situación y buscar soluciones.
 
El encierro protagonizado por más de un millar de inmigrantes que se produjo el sábado por la tarde sólo duró unas horas, a diferencia de los casi tres meses que se prolongó el del año 2001 en la iglesia barcelonesa del Pi, ya que agentes de la Policía entraron esta madrugada en el interior del templo catedralicio y procedieron al desalojo.
 
Horas antes al desalojo representantes de la Delegación del Gobierno, del Ayuntamiento, de la Generalitat, de las centrales sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), de asociaciones de inmigrantes de Argentina, Chile, Pakistán, Nigeria, de la Coordinadora de Entidades de Inmigrantes y el arzobispado habían consensuado un documento en el que no apoyaban al encierro.
 
El delegado del Gobierno, Joan Rangel, explicó hoy que el desalojo de los centenares de inmigrantes que permanecían en el recinto se produjo sin violencia y a petición del arzobispado de Barcelona entre las 03h00 (01h00 GMT) y las 05h00 horas locales (03h00 GMT), después de haber intentado negociar con los encerrados sin éxito.
 
Rangel denunció la "utilización" de los inmigrantes encerrados y constató "la casualidad" de que este hecho haya coincidido con la campaña electoral" para las elecciones al Parlamento Europeo convocadas para el 13 de junio.
 
Sin embargo, un portavoz de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones ha negado que haya "utilización" y ha dicho que el desalojo no fue voluntario, sino "por la fuerza y con violencia".
 
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, apuntó que "el problema se resolvió de manera rápida y positiva, "gracias a la madurez del colectivo que se encerró y al comportamiento de las personas que hicieron la mediación", dijo.
 
El ministro de Industria, Josep Montilla, afirmó este domingo por su parte que la inmigración "se debe afrontar con realismo" y que "no estamos a favor de papeles para todo el mundo, ni que a este país pueda venir todo el mundo que quiera porque esto pondría en peligro la cohesión social del país".
 
El secretario general del partido izquierdista Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Josep Lluís Carod-Rovira, que forma parte del gobierno catalán, pidió una "actuación urgente e inmediata" respecto a los "sin papeles" y ha reclamado plenas competencias en materia de inmigración para esta autonomía.
 
El arzobispo de Barcelona, Ricard Maria Carles, opinó que los inmigrantes encerrados no respetaron "el carácter religioso" del templo por interrumpir una misa, y lamentó las "manipulaciones interesadas" de que, a su juicio, fueron víctimas los "sin papeles".
 
SOS-Racismo-Cataluña considera que los encierros se han de interpretar como "una salida desesperada de un colectivo que ve eternizarse su situación de privación de derechos fundamentales" y el colectivo Iglesia Plural ha mostrado su "consternación y repulsa" por la expulsión de los inmigrantes de la catedral.