La Asamblea General de la OEA debatirá en Quito  desde el domingo hasta el martes nuevas instancias en la lucha contra la  corrupción, en momentos en que varios mandatarios de los años 90 enfrentan  procesos por lavado de dinero, mal desempeño y enriquecimiento ilícito. 
 
El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) cerró una década de  gobierno con un aluvión de denuncias por violación a los derechos humanos,  desvío de fondos y corrupción que le valieron la destitución y lo empujaron a  exiliarse en Japón. 
 
El último informe Global sobre Corrupción de la organización Transparencia  Internacional divulgado en marzo, ubica a Fujimori a la cabeza de los  presidentes latinoamericanos con la mayor cifra de fondos malversados bajo su  mandato, en este caso por cerca de 600 millones de dólares. 
 
En el segundo puesto de la lista, con desvíos de fondos estimados en 100  millones de dólares, figura el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Aleman  (1997-2002) actualmente recluido en una prisión de Managua donde purga una  condena de 20 años de prisión por delitos de corrupción. 
 
En Argentina, la justicia pidió la extradición del ex presidente Carlos  Menem (1989-99), actualmente en Chile y considerado prófugo. Menem enfrenta un  proceso por omisión maliciosa de cuentas abiertas en Suiza en su declaración  patrimonial y un presunto pago de sobreprecios en la construcción de dos  cárceles en la provincia de Buenos Aires. 
 
El ex mandatario fue recluido en prisión domiciliaria durante 2001 por  contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pena que compartió con varios de sus  ministros. Tras casi seis meses de detención el ex mandatario fue liberado por  un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia. 
 
María Julia Alsogaray, figura emblemática de la década menemista, se  convirtió hace una semana en la primera ex funcionaria de Menem condenada a 3  años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito. 
 
Varios funcionarios del gobierno de Menem admitieron que ministros,  secretarios y subsecretarios de Estado cobraban sueldos ilícitos de hasta  100.000 dólares mensuales. 
 
En Ecuador, el ex mandatario Gustavo Noboa (2000-2003) fue enjuiciado por  presunto perjuicio al Estado por la refinanciación de la deuda externa de su  país, pero eludió el proceso y se asiló en República Dominicana tras alegar ser  víctima de persecución política. 
 
También refugiado bajo el paraguas del exilio, el ex presidente ecuatoriano  Abdalá Bucaram (1996-97), destituido por el Congreso por "incapacidad mental"  para gobernar, enfrenta seis causas por diversos delitos de corrupción, lo  mismo que su sucesor, Jamil Mahuad, derrocado en enero de 2000 por un  levantamiento indígena con apoyo de un grupo de coroneles, quien reside  actualmente en Estados Unidos. 
 
En Paraguay el ex presidente Luis González Macchi (1999-2003) es procesado  por enriquecimiento ilícito y desvío de 16 millones de dólares del Banco  Central a una cuenta privada del Citibank en Nueva York, causa por la cual no  puede salir del país, en tanto la justicia suiza lo investiga por lavado de  dinero. 
 
Se trata del segundo mandatario paraguayo procesado luego de que Juan  Carlos Wasmosy (1993-1998) fuera condenado a cuatro años de cárcel por el  delito de "lesión de confianza" por el desvío en 1996 de 50 millones de dólares  del Banco de Desarrollo. 
 
El canciller de Perú, Manuel Rodriguez, adelantó que su país presentará  ante la OEA una propuesta para el establecimiento de reglas de extradición  claras que permitan juzgar en sus países a los gobernantes corruptos. 
 
Ecuador, en tanto, propondrá reforzar el compromiso de los países miembros  de negar amparo a ex funcionarios corruptos. 
 
El proceso de deterioro de la credibilidad y la confianza en las  instituciones en la región tuvo el mes pasado su cuota de dramatismo cuando una  rebelión popular indígena linchó al alcalde la Ilave (sureste de Perú) acusado  de cometer supuestos actos de corrupción y de faltar a sus deberes de  funcionario público. 
 
El caso de justicia por mano propia conmocionó al gobierno peruano y  encendió una señal de alarma en la región sobre la necesidad de avanzar en un  proceso de mayor transparencia en la gestión pública que asegure la  gobernabilidad y proporcione mayor estabilidad a las democracias  latinoamericanas.