El plazo que estableció el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, para que el Gobierno gestione y efectúe cambios en materia eléctrica vence hoy, según lo que indicó durante uno de sus recorridos municipales hace dos semanas.

En el último mes, Nebot junto con  representantes del Comité Fiduciario y de las cámaras de la producción de Guayaquil recordaron al Gobierno, a través de remitidos públicos, propuestas que se comprometió a ejecutar en enero anterior y que se relacionan, especialmente, con la reducción de las tarifas y cambios del modelo eléctrico, por ejemplo, el costo marginal.

El Municipio y el Comité han mostrado preocupación por la estructura de negocio de la empresa eléctrica, hoy, Corporación Eléctrica, que tiene pérdidas, según cálculos realizados el año anterior, de 11 millones de dólares mensuales.

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La eléctrica atraviesa, según miembros del Fideicomiso y funcionarios del Conelec, por una falta de liquidez para cumplir con sus compromisos, por ejemplo, realizar el pago debido al uso de los bienes, cuyos recursos se destinan para cancelar a los depositantes del Banco del Progreso.

Precisamente este jueves se cumple el plazo de ocho días que fijó el Comité Fiduciario para que el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) agilice los pagos en mora que ascienden a más de 2 millones de dólares.

El Comité advirtió que de no efectuarse la cancelación de  los pagos  procedería a demandas judiciales.

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El viernes pasado, Rubén Barreno, director del Conelec, dijo que se reunirá con Leonardo Bohrer, administrador de la Corporación Eléctrica.

Pero no solo el Municipio de Guayaquil sigue el tema eléctrico. El miércoles anterior, el Concejo Municipal de Quito y los sectores representativos de la capital se declararon en estado de emergencia frente a la crítica situación financiera que enfrenta la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).
 
Carlos Andrade, gerente de la EEQ, explicó que en tres años la eléctrica ha acumulado pérdidas por 117 millones de dólares, sin embargo, el Estado le debe 156 millones de dólares por el déficit tarifario.