El Banco Central (BCE) autorizó, el miércoles de la semana anterior, la emisión de 1.035 millones de dólares en bonos del Estado, informó el viernes pasado el gerente general encargado de la entidad, Mauricio Pareja.

El Directorio del BCE resolvió la emisión por pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sixto Cuesta, vocal del Directorio, explicó que “esta aprobación no es otra que la que está incluida en el presupuesto” y que la autorización del Directorio “solo es la parte formal de la operación”.

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Aclaró que “el uso de estos recursos es responsabilidad del MEF, en función de las disposiciones de ley que prohíben la emisión de bonos para gasto público”.

Esos 1.035 millones de dólares en bonos del Estado son parte del rubro de financiamiento interno que contempla el presupuesto de este año y que, según el análisis de la pro forma, elaborado por el BCE, alcanza en total 1.425 millones en este año.

Cuesta precisó que “la aprobación del BCE ratifica que estos recursos se utilizarán para sustitución, renovación y pagos en efectivo de deuda interna y externa”.

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Mecanismo recurrente
Walter Spurrier, director de la publicación Análisis Semanal, advirtió que esa operación es una forma de financiamiento recurrente del presupuesto del Gobierno Central.

El analista manifestó sus dudas por el manejo político que puede tener el tema, especialmente luego de que el diputado León Febres-Cordero, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (el de mayor participación por diputados  en el Congreso), cuestionó la colocación de bonos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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La operación de colocar bonos en el Seguro fue cuestionada semanas atrás.

El BCE insistió que “la emisión fue autorizada porque cumple con los requisitos legales y con el tope máximo de endeudamiento“.

Las autoridades económicas, sin embargo, aún no informan si parte de estos bonos se colocarán en el IESS o en otras entidades del sector público (como los organismos seccionales).

Eduardo Valencia, ex gerente del BCE, consideró que “(con la sustitución de deuda por deuda) no hay un beneficio, pues es una obligación que no se paga a futuro, sino ahora”.

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En su planificación presupuestaria, el Gobierno Nacional prevé adquirir nuevos préstamos (internos y externos) por 1.679 millones de dólares y amortizaciones (pago del capital a los acreedores) por 1.337 millones. Eso significa un incremento neto de la deuda por $ 342 millones.