El pedir la salida política del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, no es un disparate sino una "cuestión totalmente democrática", dijo este viernes el vicepresidente Alfredo Palacio.
 
Gutiérrez, un militar retirado con apenas 16 meses de gestión, enfrenta crecientes ataques de una férrea oposición que lo acusa de incurrir en actividades ilícitas en su campaña electoral y de no combatir la corrupción enquistada en las empresas estatales.
 
Además de los pedidos de renuncia de los partidos de izquierda, al mandatario se le investiga por presuntamente haber recibido aportes del Partido del Trabajo de México para su elección, lo que, de probarse, abriría las puertas para su remoción.
 
La crisis ha llegado al punto que en el parlamento se discuten los mecanismos constitucionales para destituir a Gutiérrez o el camino a seguir si dimite ante la presión de sus opositores, una actitud calificada por el ministro de Gobierno, Raúl Baca, como un "disparate".
 
Palacio, sin embargo, navegó contra la corriente gubernamental ya que indicó que los pedidos de renuncia contra Gutiérrez son "manifestaciones de la democracia", ratificando así la línea crítica aplicada desde que asumió junto al mandatario en enero del 2003.
 
"En lo absoluto", indicó Palacio al ser cuestionado acerca de si es un disparate requerir la dimisión de Gutiérrez, cuyo mandato termina en enero del 2007. Hay "que enfocarnos en la verdadera enfermedad que es la crisis social en que está la nación".
 
Al referirse a la posibilidad de adelantar las elecciones, Palacio afirmó que "tenemos un marco legal en el cual debemos movernos todos y esa es la Constitución", que prevé que el vicepresidente reemplace al presidente en caso de ausencia definitiva.
 
Gutiérrez puede ser destituido legalmente con el voto de las dos terceras partes de los 100 miembros del parlamento, por la comisión de delitos contra la seguridad o enriquecimiento ilícito.
 
El presidente ecuatoriano, quien cuenta con la aprobación de apenas el 9,0 por ciento, tiene solo cinco escaños en el parlamento, lo que lo vuelve rehén de los partidos políticos mayoritarios que lo acusan de aplicar una política económica que sacrifica a los pobres.
 
El 60 por ciento de los 12,2 millones de ecuatorianos está sumido en la pobreza.