Un tribunal federal de apelaciones dictaminó este miércoles que el Gobierno de Estados Unidos no debe interferir con una ley del estado de Oregón que regula el suicidio asistido para los enfermos desahuciados.
 
El Gobierno del presidente George W. Bush había solicitado al Noveno Tribunal Federal de Apelaciones, en San Francisco, que anulara la ley de Oregón sobre el suicidio asistido, con el argumento de que viola las leyes de EE.UU. contra las drogas ilegales.
 
La ley de Oregón es la única de su tipo en todo Estados Unidos y el fiscal general, John Ashcroft, intentaba que los médicos que indiquen dosis letales de medicamentos fueran sancionados y, si era posible, castigados penalmente.
 
La legislación de Oregón, aprobada en plebiscitos en 1994 y 1997, permite que un enfermo desahuciado obtenga legalmente una dosis mortal de medicamentos si, en opinión de los médicos, le quedan menos de seis meses de vida y si son mentalmente competentes para hacer la solicitud.
 
Los pacientes deben administrarse la dosis fatal ellos mismos.
 
En 1997, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó que los estados podían decidir por su cuenta la autorización del suicidio con ayuda.
 
El Gobierno federal había argumentado que la Ley de Sustancias Controladas -la disposición federal que estipula cuáles son los medicamentos que pueden prescribir los médicos- prohíbe que los galenos receten sustancias controladas excepto "con propósitos médicos legítimos".
 
El Departamento de Justicia agregó en sus argumentos que el suicidio no es un propósito médico legítimo".
 
En su fallo de hoy, adoptado con 2 votos a favor y 1 en contra, el tribunal de apelaciones señaló que "el intento unilateral del secretario de Justicia para regular las prácticas médicas generales confiadas históricamente a las legislaturas estatales interfiere con el debate democrático sobre el suicidio con ayuda del médico".
 
La apelación iniciada por Ashcroft, dictaminó el tribunal, "sobrepasa el alcance de su autoridad bajo la ley federal".