Al tomar dicha resolución, la AIM pisoteó informes técnicos recientes que advierten que el pepino de mar está en peligro de extinción, lo que pondría en peligro el equilibrio ecológico de las islas. La amenaza de extinción no es exagerada: en el Litoral ecuatoriano hoy no existe pepino por la depredación de años recientes.

Ahora, los mismos grupos interesados anuncian medidas de fuerza porque el plazo de dos meses que estableció la AIM es insuficiente para sus pretensiones. Exigen además que se permita capturar pepinos en las zonas de la isla Fernandina y del canal Bolívar –dos sectores que la AIM excluyó  de su reciente resolución–, considerados semilleros marinos del archipiélago.

La voracidad de quienes así proceden, por lo visto, no tiene límites. Y es que detrás de algunos pescadores que se prestan para este juego, quienes en realidad se esconden son poderosos comerciantes que han hecho enormes fortunas comercializando el pepino en países asiáticos. A ellos no les interesa si las Galápagos mañana desaparecen o se convierten en un cementerio de especies extinguidas.

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Las autoridades nacionales no deben permitir que este mezquino interés se salga con la suya. Con prudencia, pero también con energía, deberán hacer que el interés colectivo sea el que se imponga.