Si los gremios de la producción son importantes en cualquier país, lo son aún más en sociedades sobrerreguladas como la nuestra, en la que la empresa privada sobrevive pese al Estado, no gracias al Estado. En economías y sistemas políticos que funcionan relativamente bien, la agenda de estos gremios puede volverse más específica y particular. Pero en Ecuador es totalmente comprensible que los gremios incorporen en su agenda temas más generales y macro, como por ejemplo la política económica del régimen, ya que un movimiento en falso del Gobierno de turno puede eliminar por completo un sector económico, lo cual es difícil que ocurra en economías más estables y menos reguladas. Y las cámaras de la Producción, sin duda de forma justificada, se han enfrascado siempre en este tipo de conflictos, lo que a mi parecer ha traído un resultado no deseado: la politización de algunas de ellas.

Por ende, ciertas veces se han visto afectadas por similares problemas que los partidos políticos: cacicazgo, tronchas y hasta vanos deseos de figuración. Si a muchas personas les atraen las cámaras, pero de televisión, quizá por ser el único medio que tienen para sobresalir. Me ha tocado ver ruedas de prensa en las que varios representantes de dichas instituciones se peleaban por la silla central. En otros casos hemos tenido representantes, directores y directivos de gremios que han sido más notorios que notables, lo cual difiere del trajín histórico de estas instituciones, que fueron el frente de defensa de los intereses de la ciudad. Recalcando que sin ser esta crítica dirigida a una institución o periodo en particular, sí podemos decir que es una tendencia obvia y marcada.

Pero, ¿por qué extrañarse? La teoría, la praxis y la experiencia nos confirman que cuando el ciudadano no tiene elección, cuando algo es obligatorio, el servicio decae y feudos se crean. La obligatoriedad de pertenecer y aportar a alguna cámara de la Producción está desgastando al mismo gremio empresarial, pues pecan de lo mismo que critican. Conversando con uno de los ex candidatos a la presidencia de una de las cámaras, le exponía la posibilidad de una estrategia un tanto suicida pero a la vez muy honesta para el afiliado: presentar un proyecto para eliminar la obligatoriedad de afiliación y de aporte. Es lo único que garantizaría que las directivas trabajen por sus afiliados y no se desvíen de sus objetivos. Yo confiaría y daría mi voto a quien presentare este proyecto, pues significaría que tiene tanta confianza en sí mismo y en su equipo, que está seguro que mantendrá sus afiliados por los servicios que presta y no porque estén obligados.
Pero, quizá en estos momentos sería como pedirle a un político que proponga la distritalización electoral. ¿Habrá alguno?

Si la tendencia no se revierte, y si la obligatoriedad se mantiene, el renombre y el peso de las instituciones más representativas de Guayaquil tenderá a decrecer, lo cual sería terrible para la ciudad. Los actuales presidentes tienen una gran responsabilidad frente al futuro.