El Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención contra la Tortura recomendó este miércoles a Chile que reforme la Constitución para mejorar la protección de los derechos humanos, y abolir la Ley de Amnistía dispuesta por el extinto régimen militar, según un dictamen comunicado públicamente en Ginebra.
Compuesto por diez expertos independientes, presididos por el catedrático español, Fernando Mariño Menendez, el Comité le solicitó también a Chile extender el mandato de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, que investiga los estragos de la dictadura, pidiéndole datos precisos sobre su labor, reparación de las víctimas, y que tome en cuenta los casos de violencia sexual.
Sobre los procesos judiciales en curso, el Comité requirió informes sobre la "Operación Cóndor", la coordinación represiva de las tiranías del Cono Sur en los años 70 organizada a instancias del general Augusto Pinochet, y de una de sus operaciones más famosas, la llamada "Caravana de la Muerte".
En cuanto a otras reformas a emprender, el Comité instó a Chile a eliminar el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar, a transferir la responsabilidad sobre los Carabineros y la Policía de Investigaciones del Ministerio de Defensa al de Interior, y a juzgar a los agentes del Estado acusados de tortura, sobre los que siguen llegando denuncias a la ONU.
El embajador de Chile en Ginebra, Juan Martabit, que escuchó el alegato, no hizo replica alguna, limitándose a señalar que su gobierno se halla empeñado en realizar las modificaciones constitucionales necesarias, estimando que "ninguna región del mundo está exenta de estos problemas que exigen una vigilancia permanente como se puede ver hoy en día".
La dirigente chilena María Rojas Paz, del Codepu, consideró que la decisión del Comité "reconoce lo que venimos pidiendo las ONGs, recordando que no hay reforma de la Constitución en Chile, que el gobierno no cumple con las recomendaciones de este Comité y que las Convenciones Internacionales, como la de la Tortura, no prevalecen sobre el derecho interno".
Por su parte, Beatrice Quadranti, representante en Ginebra de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), subrayó la importancia que el Comité le pida un nuevo informe a Chile para octubre de 2005, y entonces verificar si cumple con las recomendaciones, donde se deberán ver los resultados tras reabrir los trabajos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura.