Los siete proyectos anunciados, el miércoles pasado, por el presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, tienen un fin: estructurar la nueva Carta de Intención que el ministro de Economía, Mauricio Pozo, presentará a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la inspección que empezó ayer, en Quito.

El último acuerdo stand by firmado con el FMI –que contempló desembolsos por apenas 84 millones de dólares de los 205 millones pactados– se firmó el 21 de marzo del 2003 y concluyó el 20 de abril de este año. Desde entonces, la expectativa del Gobierno es formalizar un nuevo entendimiento desde junio.

Gutiérrez plantea reformas legales al Presupuesto, al Código Penal (para sancionar el robo de combustible) y a los sectores eléctrico, de hidrocarburos, tributario y de seguridad social, así como un proyecto para castigar el lavado de dinero.

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El Frente Económico deberá incluir en la nueva Carta de Intención los temas postergados desde el 2003 (administradores internacionales para eléctricas y telefónicas, licitación petrolera, liquidación de bancos cerrados, por ejemplo), que impidieron la transferencia del ciento por ciento del préstamo.

Mas para que el FMI acceda al pedido oficial, Mauricio Pozo deberá aclarar por lo menos dos de las contradicciones del Gobierno.

La primera es el anuncio de alzas salariales a la burocracia, cuando la primera advertencia del organismo, incluso antes de firmar el acuerdo que concluyó en abril, fue reducir el gasto público.

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La segunda gira en torno a qué hará el Gobierno con el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y de Reducción del Endeudamiento Público (Feirep), que destina el 70% a la recompra (pago) de deuda pública. El ministro de Gobierno, Raúl Baca, dijo la semana pasada que se utilizarían 350 millones para obras en la frontera norte, pero Yépez  ratificó ayer que solo destinarán 135 millones para operaciones de recompra interna.

La emisión de bonos para financiar el déficit presupuestario también está en las negociaciones; el problema es que el IESS no define cuánto podrá comprar en papeles. “La posición de las autoridades económicas es clara: necesitamos financiamiento interno y vamos a hacer la emisión de bonos”, advirtió Yépez.