El presidente Luiz Inacio Lula da Silva anuló la expulsión del corresponsal del New York Times, Larry Rother, en un caso que inició para salvar el honor de Brasil ante el mundo pero en el que tuvo que dar marcha atrás sin haber obtenido las disculpas formales que exigía.
 
Lula ordenó anular la orden de expulsión el viernes por la noche, después que los abogados de Rohter enviaron una carta al Ministerio de Justicia pidiendo que al gobierno reconsiderase la medida.
 
Pero antes, su ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, tuvo que convencerlo de que desde el punto de vista jurídico, el documento equivalía a una "retractación" del reportaje que había enfurecido al jefe de Estado.
 
En esa nota, publicada el domingo pasado, Rohter afirmaba que Lula tenía tendencias alcohólicas que afectaban su capacidad de gobernar.
 
Después de "oír mi opinión jurídica", el presidente "me autorizó a considerar cerrado el caso", dijo Bastos.
 
Más tarde, explicó que "en términos jurídicos la retractación es exactamente lo que está en el punto siete (de la carta); la persona manifiesta que no tuvo la intención, la persona manifiesta su respeto y lamenta las consecuencias de ese artículo que escribió".
 
Esas laboriosas explicaciones se deben a que los abogados de Rohter nunca usan el término "retractación" o "disculpas", limitándose a "lamentar" las  consecuencias ocasionadas por el artículo, que fue escrito "sin intención de ofender" al mandatario ni a las instituciones brasileñas, según alegan.
 
El New York Times se congratuló por la medida, aunque volvió a respaldar a  Rohter y expresó su "convicción sobre la calidad y la justeza del artículo".
 
La indignación de Lula había obtenido el respaldo de toda la clase política brasileña, pero la revocación de la visa de Rohter, ordenada el martes, provocó un alud de críticas; tanto dentro como fuera de Brasil se la vio como un peligroso precedente contra la libertad de prensa, cuando no como un retorno a los procedimientos de la dictadura militar (1964-85).
 
La medida también ocasionó divisiones en la mayoría legislativa y en el gobierno. El propio Bastos, quien se hallaba en Suiza en ese momento, manifestó de entrada su desacuerdo, según los medios de prensa brasileños.
 
El Poder Judicial dio señales claras de que no estaba dispuesto a  respaldarla, cuando un magistrado ordenó el martes que la expulsión quedara sin  efecto hasta que el Supremo Tribunal de Justicia se pronunciara sobre un pedido  de hábeas corpus presentado por un senador.
 
La contraorden dada por Lula causó un alivio general, y fue elogiada sobre todo por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y sus aliados, aunque dejó interrogantes sobre los errores de comunicación del  gobierno, que le vienen provocando un desgaste de imagen dentro y fuera del  país.
 
"Recibo la noticia con felicidad y alegría, porque el sentimiento de perdón  es infinitamente más bello que el de rencor", dijo el senador petista Tiao Viana.
 
En cambio, para Renato Casagrande, líder de la bancada del Partido Socialista (PSB, oficialista) en la Cámara, "esas idas y vueltas del gobierno acaban por transmitir a la sociedad una imagen de indecisión y fragilidad".
 
Un editorial publicado este sábado por Folha de Sao Paulo afirma que "se  resolvió la crisis, pero no la incapacidad gerencial del gobierno", dado que "el episodio reveló una vez más la incapacidad de la administración petista en momentos de crisis".
 
El gobierno pareció este año sumirse durante varias semanas en la parálisis, tras el escándalo que estalló en febrero con la difusión de un video que mostraba a un ex asesor del jefe de gabinete José Dirceu pidiendo coimas electorales a un empresario de los juegos de azar.
 
Lula trató de recuperar la iniciativa ordenando clausurar los locales de bingo, pero su decreto fue derrotado este mes en el Senado, con votos de legisladores de la alianza oficialista.