La solicitud para concesión de la ex Emelec fue a consulta a la Procuraduría del Estado

La solicitud de concesión (permiso para operar) de la ex Emelec que realizó el Comité Fiduciario al Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) está en consulta en la Procuraduría General.

El Comité es la instancia que custodia los activos de la eléctrica que perteneció al ex banquero Fernando Aspiazu y que está desde el 2000 bajo la administración del Conelec.

El pedido para tener la operación de la empresa distribuidora fue realizado hace cuatro semanas y la próxima se cumplirá el plazo que dio el Conelec para aprobar o negar la solicitud.

Dimitri Durán, director ejecutivo del Comité, indicó que actualmente el requerimiento se analiza en la Procuraduría para determinar si es viable la concesión. “Voy a visitar al Procurador para exponerle los razonamientos jurídicos de este caso”, sostuvo.

Fuentes cercanas al Comité dijeron que una reunión que estaba prevista para el próximo lunes fue suspendida. Allí se pretendía revisar las bases para contratar a una empresa asesora para que impulse la búsqueda de un administrador para la antigua Emelec.

Actualmente varios miembros conocen la intención del ex coordinador de Pachakutik, Miguel Lluco, respecto a su posición de rechazar todo lo actuado por el Estado en el caso Emelec.

El ex dirigente defendió su calidad de fiduciario de las eléctricas que pertenecieron a Aspiazu. Lluco contrató a un estudio de abogados para llevar acciones legales contra el Estado por una supuesta confiscación de la Emelec (hoy denominada Corporación Eléctrica).

“El contrato (con los abogados) consiste en que de lo que se recupere ellos podrán cobrar sus honorarios”, explicó Lluco.

Eléctricas
Empresas
La administración que actualmente tienen las antes denominadas Emelec y Electroecuador son temporales. Ambas tienen como domicilio, según Miguel Lluco, Estados Unidos. Estas eléctricas operan en Guayaquil. Él rechaza la constitución de un fideicomiso local que tiene los activos de las empresas.

Demanda
Lluco llevó el caso ante senadores norteamericanos y ahora busca que se lleve a un arbitraje internacional este proceso, en el que se acusa al Estado de confiscar dos empresas.