La Comisión de lo Económico del  Congreso Nacional llegó ayer a otro consenso –dentro de las reformas que aplicará a la Ley de Hidrocarburos que están analizando–. El Gobierno deberá exigir un plan de trabajo a las empresas que ganen una licitación petrolera para explotar campos estatales en producción. 

El primer acuerdo fue eliminar del proyecto de ley inicial el mínimo de participación (35%) que pretendía tener el Estado. Si bien la cifra no constará en el documento, el Consejo Especial de Licitaciones (CEL) sí deberá fijarlo en los reglamentos de licitación.

Es decir, que según la negociación se fijará el valor que obtendrá el Estado por cada pozo explotado.

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Sobre el plan de trabajo, que propusieron los miembros de la Comisión, este deberá ejecutarse en los primeros tres años.

Además, resolvieron que la empresa contratista presente una garantía del 20%, de la inversión que pretende realizar en los campos de explotación petrolera.