El juez suplente del Juzgado 8º de lo Penal de Manabí, Juan Carlos Bravo, ordenó el pasado 4 de mayo el embargo de bienes inmuebles y deudas recuperadas de Filanbanco S.A.

El pasado martes, el juez remitió a Guayaquil la orden, para que se ejecute.

En esta se indica que deben embargarse “todos los créditos que está recuperando Filanbanco S.A. ...a través del contrato de tercerización con las firmas Thesis Antares y Gómez, Giraldo & Asociados”.

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El documento explica que se deberá entregar la cartera en efectivo o certificados por un monto de 22’502.607,26 dólares.

Sin embargo, según los reportes de Filanbanco, de junio a diciembre del 2003 las firmas cobraron cerca de 14 millones dólares, de estos 2’768.669,60 dólares fueron en efectivo. Lo demás se canceló en papeles.

La sentencia la emitió el juez luego de la demanda que inició Carlos Alfredo Cevallos Cantos, por supuestos daños y perjuicios causados por la institución. En los documentos que constan en Guayaquil no se indica el motivo de la demanda.

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El juez Bravo ordenó también el embargo de las cuentas corrientes y de ahorros de Filanbanco, que  mantenga por 22,5 millones en las demás instituciones financieras del país.

Además, se tomarán los bienes inmuebles que tenga el banco en Manta, Portoviejo y Quito. Durante las diligencias, Filanbanco propuso entregar cartera al demandante, sin embargo, esto no fue aceptado. Según la providencia, esta tenía una calificación E (incobrable). “Consecuentemente, no se acepta por ser una dimisión improcedente y maliciosa”, cita el documento.

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Mientras tanto, la Superintendencia de Bancos prepara un informe sobre la gestión de cobro de las empresas Thesis y Gómez, Giraldo & Asociados. El pedido de auditoría lo presentó el Consejo Temporal de Liquidación del banco, en diciembre del 2003. El Consejo fue reemplazado este año por la Junta de Acreedores, que espera los resultados del estudio, pues está por vencerse el contrato de cobro de las firmas cobradoras.