Las investigaciones sobre un presunto tráfico de influencias de parte del legislador de Sociedad Patriótica (SP), Renán Borbúa, provocaron ayer mutuas acusaciones entre diputados de Gobierno y socialcristianos.

Borbúa ratificó su denuncia de que Xavier Neira está inmerso en tráfico de influencias y pidió a Elsa de Mena, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), que informe sobre el sacrificio fiscal para el Estado por el hecho de que se dé paso en el Tribunal Constitucional a 40 demandas pidiendo la inconstitucionalidad de las salvaguardias, cuyos trámites han sido manejados por el estudio jurídico Neira y Asociados.

Aseguró que el legislador Alfonso Harb (PSC) ejerció tráfico de influencias cuando pidió que se ratifique el contrato de trabajo de su hermano, Jorge Harb, en Pacifictel.

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Afirmó que la acusación de Febres-Cordero sobre un supuesto manejo de 350 cargos públicos, no tiene fundamento porque no existe ninguna firma de él (Borbúa), y  que fue su partido, en Guayas, el que solicitó que se recomienden nombres al Gobierno.

También mostró un documento en el que supuestamente Febres-Cordero se dirige al comandante de la Policía, Jorge Poveda, para recomendar el ingreso a la institución de Alfonso Rodríguez Chalar.

Respecto al puesto diplomático de su hijo, en Houston (EE.UU.), Borbúa dijo que jamás existió un pedido suyo.

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Mostró una carpeta, que según él contiene información sobre un carrier ULC, donde se demuestra que “fue abierto en el Ecuador por una señora Sánchez, que hasta el momento no sabe cuándo ha sido presidenta o accionista de esa empresa, que debe a Pacifictel $ 2’293.186,59”.

Sostuvo que el carrier ULC es manejado por el estudio jurídico Neira y Asociados y que la Contraloría tiene un informe en contra de la ULC.

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Harb refutó a Borbúa y aclaró que no gestionó el cargo de su hermano en Pacifictel. Dijo que el contrato está firmado en agosto del 2002 y que en el 2003 solicitó por su cuenta que se ratifique el cargo.