En un comunicado enviado a la Defensoría del Pueblo, el presidente de la entidad, Jorge Muñoz, indicó que las disposiciones del 13 de diciembre del 2001 y 2 de octubre del 2003 fueron malinterpretadas por la Comisión de Tránsito del Guayas, por cuanto el valor nunca debió ser transferido al usuario.

El sistema Mi Segurito tenía como modalidad cobrar dos centavos, adicionales al valor del pasaje, para que los pasajeros pudieran acogerse a las indemnizaciones en caso de accidentes, cuyo monto era de 40 a 4.000 dólares. Franklin Moreno, defensor del Pueblo, señaló que los transportistas deben asegurar sin costo a los usuarios.