El Gobierno argentino admitió este sábado que está planteándose endurecer las penalizaciones a los particulares que consuman energía en exceso, mientras los efectos de la crisis energética que sufre el país empiezan a notarse en las industrias.
 
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó hoy que el Gobierno analiza aplicar recargos de hasta un 100 por ciento en las facturas de los usuarios residenciales de luz que consuman más de 600 kilovatios/hora por bimestre y que no consigan ahorrar al menos un cinco por ciento respecto a lo consumido el año pasado.
 
Las penalizaciones, que forman parte de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a una crisis que estalló al iniciarse el otoño y de la que culpa a las empresas concesionarias de yacimientos de hidrocarburos, también se extienden a los usuarios de gas que consuman más de mil metros cúbicos anuales.
 
"El que quiera usar más energía, que pague como la industria", sostuvo Fernández, pese a que el anuncio inicial del Gobierno argentino indicaba que los recargos irían del 25 al 50 por ciento.
 
Por su parte, el presidente argentino, Néstor Kirchner, volvió a arremeter contra las empresas petroleras al afirmar que "frenaron y paralizaron los pozos para mejorar las tarifas" y consideró que el Estado "tiene que regular ese tema" en declaraciones hechas en Washington poco antes de viajar a Buenos Aires, adonde llegó hoy.
 
Los castigos a los excesos en el consumo afectan directamente a las industrias, que ya comenzaron a realizar protestas y piquetes para evitar cortes de suministro que impidan su continuidad laboral.
 
Agrupaciones empresariales de la provincia de Tucumán, una de las más pobres de Argentina, enviaron una carta a Kirchner en la que solicitan una "urgente intervención, a fin de encontrar una solución inmediata a la provisión de gas, sin la cual más de 100.000 familias tucumanas quedarán sin ingreso".
 
Obreros y directivos de industrias de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Chubut impidieron que personal de las compañías proveedores de gas les racionen el servicio en razón de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis.
 
En la provincia de San Juan, la fábrica de conservas Frutos de Cuyo, de la conocida firma Arcor, adelantó en dos semanas el cierre de su temporada de producción por la falta de gas para operar la planta.
 
El director ejecutivo de Acindar, la principal productora de acero de Argentina, Tomás Arturo Acevedo, aseguró que poseen "un plan de inversiones por 30 millones de dólares", pero la suerte del proyecto "depende de la situación energética".
 
El Gobierno también ofreció bonificaciones para aquellos usuarios que logren reducir su consumo en un 10 por ciento.
 
Los premios y castigos establecidos por el Gobierno están contenidos en el Plan de Uso Racional de Energía (PURE), diseñado a partir de la crisis energética desatada en Argentina.
 
Esta crisis resintió además la relación con Chile, pues el Gobierno decidió disminuir la provisión de gas a ese país.
 
La estrategia del Gobierno para racionalizar el uso del gas también incluye la próxima creación de la compañía estatal Enarsa que, según señaló Kirchner a la prensa estadounidense, ayudará a "intervenir en la ecuación energética" y evitará futuras crisis.
 
En tanto, el ministro argentino del Interior, Aníbal Fernández, advirtió que el Presidente tiene "la facultad de revisar contratos" de las empresas proveedoras.
 
Las medidas sobre el aumento de los castigos serán definidas el próximo miércoles durante una reunión entre representantes provinciales y funcionarios de la Secretaría de Energía.
 
Otras medidas que se evalúan son la reprogramación horaria de los espectáculos deportivos y culturales y una fuerte campaña en dependencias estatales.
 
La líder del partido Alternativa por una República de Iguales (ARI), Elisa Carrió, aseguró hoy que el sistema de castigos va "a un aumento sin precedentes" de la tarifa del gas y denunció que en los últimos años hubo "una sobreexportación no controlada por el Estado".
 
En tanto, la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes advirtió hoy sobre el posible "cierre" de unos "mil" comercios del rubro "en los próximos 30 días", como consecuencia del aumento en el precio mayorista de los combustibles aplicados por las petroleras.