Los sobornos pagados por empresarios en Colombia para adjudicarse licitaciones públicas costaron en 2003 unos tres billones de pesos (cerca de 1.043 millones de dólares), el 1,34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año.
 
Así lo reveló una investigación realizada por la Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras), hecha a través de una encuesta a los 1.600 empresarios que se encuentran inscritos como proponentes para licitaciones públicas en las 15 ciudades más importantes del país, y de la que da cuenta hoy la prensa local.
 
Según la investigación conocida como "Probidad", la corrupción en la contratación pública continúa siendo uno de los más graves problemas colombianos, que se manifiesta no sólo en el soborno para obtener contratos, sino en el fraccionamiento de los mismos, para evitar licitaciones públicas o en los ajustes en los pliegos de condiciones y en los precios.
 
La corrupción abarca también asuntos como la obtención de licencias o permisos y asuntos tributarios.
 
Para la mitad de los entrevistados, los procesos de contratación carecen de transparencia, frente a un 30 por ciento que los consideran fiables.
 
En Colombia se ha llegado hasta el extremo de firmar documentos en los que las partes que participan en una licitación o en un concurso expresan su compromiso de no cometer actos de corrupción.
 
Para el director de Confecámaras, Eugenio Marulanda, "los empresarios demandan acciones contundentes y reglas de juego claras y estables para que la contratación estatal sea más transparente", y reclamó una pronta reforma a las normas que regulan esa materia.
 
Según Marulanda, pese a la cuantiosa cifra que significó la corrupción el año pasado (fue cerca de un billón de pesos menor a la de 2002, cuando sumó al menos cuatro billones de pesos, equivalente a unos 1.594 millones de dólares), el 1,98 por ciento del PIB de ese año.
 
El informe señala además que hay una alta percepción por parte de los entrevistados de la apropiación del Estado por parte de los grupos económicos, multinacionales, asociaciones de empresarios y  sindicatos, en ese orden.
 
Si bien el 47 por ciento de los empresarios considera que en el ámbito nacional la corrupción bajó, en los gobiernos  departamentales (regionales) y en los municipios afirman que aumentó.
 
A la pregunta de dónde nace la corrupción, un 27 por ciento de los empresarios reconoció que de ellos mismos; un 34 por ciento que proviene de los funcionarios, y otro 34 por ciento que de antemano se conoce tanto la modalidad como la "tarifa" del soborno que hay que pagar.
 
El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, responsable de la lucha contra la corrupción, indicó que el sector público tiene, necesariamente, su contraparte en el sector privado, que "tiene que saber que aquí, o nos salvamos juntos, o nos hundimos juntos".
 
Las denuncias de empresarios contra quienes les han pedido dinero apenas son el 3,5 por ciento de los casos, situación que contribuye a la impunidad y a que no haya sanción a los corruptos.
 
Las entidades con menos eficiencia y mayor corrupción en Colombia son, según la encuesta, los concejos municipales, en primer lugar, seguidos por las secretarías de tránsito, las alcaldías, las regionales del Instituto del Seguro Social, las asambleas (legislativos) departamentales y las secretarías de obras públicas.