Nos referimos, por supuesto, a la rebaja de las tarifas eléctricas, que resultaba indispensable y urgente si de verdad se aspira a convertir al Ecuador en un país competitivo.

Los sectores productivos especializados en ventas al exterior, como ocurre en el área costeña, no podrían competir en el mercado mundial globalizado, ni en un TLC muy cercano, si tuviesen que seguir pagando tarifas de energía a precios de despilfarro, burocratismo y corrupción.

No podemos perder de vista, sin embargo, que la rebaja hasta ahora aprobada se apoya exclusivamente en una decisión política, no en un manejo más eficiente de las empresas eléctricas de generación o distribución, lo que la vuelve inestable e insegura.

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Dicha circunstancia explica también el margen todavía mezquino de la rebaja.
Pero el país no quiere logros momentáneos e inseguros. Por eso, en el más corto plazo, se debe ir a una reestructuración a fondo del sector eléctrico.

Estamos hablando de medidas simples pero fundamentales, como volver transparente la contabilidad de las empresas del sector, deshacerse de amigos y parientes que ocupan cargos para los que no están preparados, y convocar a la iniciativa privada –sin componendas y a la luz pública– para que contribuya en las tareas que se le asignen.