El estatuto más alto sobre el cual se asienta la institucionalidad es la Constitución Política del Estado. No existe norma, interés o conveniencia personal o de grupo, por más respetable que sea, que esté sobre la Carta Magna cuyo fin es garantizar el estado de derecho.

Ante la grave situación interna que vive el país y las amenazas externas, especialmente en la frontera norte –donde se ha comprobado objetivamente que en ciertos sectores el Ecuador ya no limita con Colombia sino con grupos insurgentes de las FARC–, los ciudadanos no tenemos otra alternativa que defender el sistema democrático que, al menos en el papel, está regulado por las leyes. Y no puede ser de otra manera, porque los vientos del golpismo han comenzado a soplar por todos lados, y de manera especial en Quito.

Debilitado como está el Presidente y todo el Gobierno, por sus propios errores y por el distanciamiento, ahora ya explícito, con el Partido Social Cristiano, la estrategia no puede ser la arrogancia y el ataque, sino la búsqueda de espacios –los pocos que quedan– para que se logre un acuerdo básico de gobernabilidad.

Ante la gravedad de los problemas que afronta el Gobierno y los numerosos frentes que se han abierto (las cárceles, los hospitales, el Registro Civil, los educadores, los indígenas, las aduanas, Pacifictel, los aumentos de sueldos no financiados, las cuentas alegres que se revisan en el TSE, la explosiva situación en la frontera y otros), al Presidente le corresponde conducir el país con serenidad y ofrecer alternativas a la ciudadanía.

La institucionalidad no solo es jurídica sino política, económica y psicológica. Un ambiente de temor e incertidumbre es el caldo de cultivo para que los oportunistas asalten el poder y, en nombre de sus intereses amenazados, convoquen a otra aventura dictatorial.

La democracia con todos sus defectos e imperfecciones es el sistema que nos rige. Y debe ser respetado. El señor Presidente debe escuchar las voces de todos los sectores, y no empeñarse en defenderse ante la ola de rumores con amenazas. El Ecuador necesita confianza, seguridad jurídica, discurso diáfano y liderazgo.

Varias medidas urgentes y prácticas podrían bajar las tensiones: el retorno inmediato de todos los militares a sus cuarteles; las cuentas claras en varias dependencias públicas; evitar la participación de la Presidencia en la campaña política; manejar un discurso de concertación; aclarar el financiamiento de los sueldos y salarios; proponer una política energética en función del país, y fundamentalmente una agenda básica para el Ecuador.

El estado de derecho está en el respeto de la Constitución y las leyes.