El pasado 22 de abril, el Tribunal Constitucional del Ecuador oficializó esta resolución, no obstante queda pendiente definir quiénes deberán integrar ahora esa comisión, pues tanto propietarios de establecimientos como padres de familia están excluidos, según la derogatoria del mandato.

Representante del SRI
Pedro Pablo Gómez, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Instituciones Educativas Particulares de la provincia del Guayas, solicitará al Congreso Nacional que en la comisión esté un representante del Servicio de Rentas Internas y un delegado de la Defensoría del Pueblo nacional, “ni siquiera pediremos que estén padres de familia”, advierte.