El contrato entre el Estado y la empresa verificadora SGS continúa vigente, dijo ayer el gerente general de la compañía, César Berde.

Añadió que SGS está a la espera de una respuesta de la Contraloría del Estado respecto del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que dejó sin efecto el acto administrativo de delegación de control. Es decir, que aun cuando el contrato esté vigente, en el país es ilegal delegar el control de los recursos naturales, añadió.

“Nosotros confiamos que el Gobierno tomará una decisión en el menor tiempo posible y una vez que todos los sectores involucrados estén de acuerdo en que el proceso de tercerización continúe”, acotó.

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Mientras se espera la decisión del Procurador, la SGS aún tiene montada una infraestructura básica (oficinas, vehículos, y computadoras) que puede empezar a operar en cuestión de días y luego de que el Gobierno encuentre un recurso legal, dijo el representante de la firma.

Berde aclaró que la empresa no ha pensado en desistir del contrato, salvo que el Estado ecuatoriano así lo decida.

Según el gerente de la SGS, hace quince días se reunió en el Ministerio de Ambiente con delegados de los madereros e industriales, con quienes se firmó un acuerdo forestal que determina que el proceso de tercerización del control era una necesidad indispensable para el país.