Presos exigen derechos

Con profunda preocupación observo cómo los presos desde las cárceles toman rehenes para presionar a los poderes del Estado, y cómo se les da espacio para que  nuestros legisladores discutan proyectos destinados a beneficiarlos con rebaja de penas.

El problema del sistema penitenciario en el país es que no rehabilita; más bien parece una “escuela” de formación de la delincuencia, y si a eso se le suman la poca infraestructura y recursos, entonces se crean las condiciones para que germine la violencia y el descontrol en estas instalaciones.

El hacinamiento y la pobreza de condiciones son temas que se deben mejorar con prioridad, pero que de ninguna manera justifican acciones de barbarie, como privar de su libertad a gente inocente y amenazarla de muerte. A pretexto de esos actos hubo una fuga importante de reclusos, lo que lleva a pensar que todo esto sería una cortina de humo para distraer a las autoridades del objetivo de esa huida.

Qué lástima que existan legisladores que estén preocupados de rebajar las penas a estos delincuentes, y hasta el momento no haya uno solo que se interese por las víctimas de estos hampones a las que nadie les responde ni indemniza.

¿De qué sirve liberar antes a una persona que nunca se rehabilitó, sino que alimentó resentimiento hacia la sociedad que la privó de su libertad y que sale con nuevos contactos y destrezas para el crimen? Más bien démosle una ocupación útil  durante su  reclusión, para que al término de la condena, con el  trabajo realizado, pueda resarcir en algo la deuda que adquirió con la sociedad y tenga habilidades que le permitan rehacer su vida honradamente. De lo contrario, será lo mismo o quizás peor.

Alfredo Sánchez Ycaza
Guayaquil

Es verdad que hay hacinamiento, que el presupuesto de alimentos en las cárceles es bajo y llega con retraso, pero es el Estado el que está en la obligación  de conseguir recursos de manera urgente para corregir estas anomalías.

En lo referente a las exigencias desproporcionadas de los reos de pedir rebaja de penas, que se deroguen medidas cautelares como la detención en firme y otras –tomadas para proteger  a la sociedad del aumento de la delincuencia– no es dable que además de ser agresores, sean los primeros en pregonar sus derechos humanos.

Los delincuentes vulneran cotidianamente nuestra tranquilidad, ¿por qué razón vamos a permitir que se les conceda lo que no es debido? Si el Gobierno pierde el principio de autoridad, lo cual tiene que primar en todo país civilizado, nos sumergiremos en el caos total.

Jorge Cires G.
Guayaquil

Son noticias diarias los asaltos, violaciones y atropellos a los  ciudadanos.

Unos  pedimos con indignación que se atrapen a los delincuentes y se les aplique el rigor de la ley, pero otros se conduelen al llamarlos a estos “pobrecitos”, y exigen que se respeten los derechos humanos de aquellos que los violaron. ¿Y dónde quedan los derechos de las víctimas? ¡Sepultados!

Hace un año, un individuo que en completo estado de intoxicación alcohólica conducía un vehículo sustraído sin licencia, atropelló a mi madre y le destrozó el cráneo; le sepultó sus derechos. El tipo debió ser sentenciado según la Ley de Tránsito, a nueve años de prisión por la muerte de mi madre y de otra persona más, pero por la benevolencia de las autoridades recibió la sentencia de seis años. Como aquel, gran parte de los amotinados en las cárceles exigen que se cumplan sus demandas, presionando a la justicia, al Gobierno y al Congreso.

Siempre que se amotinan los internos, hay que ceder. Ceder a esas presiones y pretensiones es sacrificar la justicia.

Dr. Narcilo Villavicencio M.
Guayaquil