Con el respaldo de varias organizaciones de derechos humanos, José Serrano, abogado de la comunidad de Sarayacu, en Pastaza, denunció ayer haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de desconocidos.

Sarayacu, ubicada en la provincia de Pastaza, a 380 km de Quito, se opone a la presencia de la compañía petrolera argentina CGC en el bloque Nº 23, ubicado en su territorio, porque viola –argumentan los comuneros– sus derechos colectivos.

Como miembro del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Serrano impulsa desde hace dos años  los procesos judiciales que se siguen en contra de la petrolera extranjera.

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El viernes pasado, sostuvo Serrano, circulaba en su automóvil por la vía norte-sur en el sector del Castillo de Amaguaña, al suroriente de Quito, alrededor de las 05h30. Un vehículo Vitara, color verde y sin placas lo obligó a detenerse.

“Fui interceptado por tres sujetos, dos de ellos armados con revólveres. Me increparon, me insultaron,  me amenazaron de muerte y me agredieron”, dijo Serrano.

La tarde de ese mismo día denunció lo ocurrido en la Fiscalía Distrital de Pichincha. Los agresores también le advirtieron “que si no para de trabajar con las comunidades de Sarayacu”, lo iban a matar.

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No se obtuvo la versión de los representantes de la CGC. En las oficinas de la empresa, en la ciudad de Puyo, capital de Pastaza, se informó que el apoderado de la petrolera, Ricardo Nicolás,  no se encontraba.