Varias organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo solicitaron ayer al Gobierno Nacional, la derogación del acuerdo ministerial que estableció el pago de tasas cuando se realizan denuncias, notificaciones, copias y boletas de libertad en las comisarías de la Mujer y la Familia.

El acuerdo fue suscrito por organizaciones como el Programa del Muchacho Trabajador, Mujeres Trabajando Unidas, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) y la fundación María Guare, quienes sostienen que el cobro de valores no es permisible porque la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia establece en su artículo 7, “la gratuidad procesal”.

El cobro de tasas, suscrito el pasado 19 de abril, estableció tarifas entre cincuenta centavos y un dólar, según el trámite que se realice.