Luego de terminar el contrato con la verificadora SGS, no existe una entidad que controle la tala.

“Señor, estoy instalando un depósito de madera en Quito y necesito comprar trozas de caoba. ¿Puede venderme esa madera?

–Por supuesto, amigo. Usted solamente nos indica la cantidad que necesita.

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–Pero se trata de una madera que está prohibido cortar.

–No importa, ese es problema nuestro.

–¿Y cómo obtendrán las guías de movilización?

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–De eso se encarga el transportista. Nosotros se la ponemos en Quito.

Este diálogo transcurrió en Borbón, Esmeraldas, entre un miembro de Vigilancia Verde (VV) que se hizo pasar por intermediario y un comerciante local, en torno a una especie en extinción: la caoba.

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A diario se cierran en esos términos los negocios ilícitos de la madera, mientras agoniza el control forestal que podría clausurarse esta misma semana, por una razón que ya se vuelve constante en distintos sectores: el Ministerio de Economía no entrega los recursos a nombre de una supuesta falta de justificativos que en Vigilancia Verde se afirma que se los ha cubierto.

El primer episodio de esta agonía ya ocurrió hace algunos meses, cuando el Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto el contrato que existía entre la verificadora SGS y el Ministerio del Ambiente. El definitivo podrá ocurrir ahora, con la paralización de Vigilancia Verde.

Vigilancia Verde
Esta institución de control es el último eslabón que queda del Sistema Nacional de Tercerización de Control Forestal, iniciado en el año 2000. VV es una entidad autónoma que actúa cobijada al Ministerio del Ambiente y está integrada por sectores estatales y privados, incluido el mayor gremio maderero del país.

Si la SGS debía controlar la acción en el origen de la explotación de la madera (elaboración de planes de explotación y emisión de permisos respectivos por parte de los regentes forestales), Vigilancia Verde realizaba, con patrullas mixtas de policías, militares y técnicos, el control de la circulación del producto.

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Para el efecto, contaba con un financiamiento de 2,8 millones de dólares entregados por Petroecuador, pero que Economía los retiene aparentemente por una supuesta falta de justificativos.

Sin embargo, el pasado 20 de febrero, el ex ministro del Ambiente, César Narváez, insistió ante Mauricio Pozo sobre la irregularidad de desviar fondos de proyectos específicos para otros gastos y que incluso cuentan con contraparte de fondos internacionales.

Economía prefiere guardar silencio y dilatar la entrega de recursos.

En fuentes de VV se comunica que Economía retuvo los recursos en diciembre, solo informó al respecto en febrero y no los ha entregado hasta fines de abril, lo que puede dar al traste con toda la política de manejo ambiental.

Sin control
“Si sale Vigilancia Verde, ¿quién realizaría el control? ¿Para qué se van a continuar expidiendo planes de explotación y guías de movilización si desaparece el control?”, se pregunta el gerente de esa institución, Marco Vivar, al tiempo de afirmar que la intervención de este control ha significado pasar de una incautación de 1.000 m³ en 1999 a 5.000 en el 2002.