La fundación María Guare, movimientos femeninos y el defensor del Pueblo, Franklin Moreno, exigieron ayer al ministro de Gobierno, Raúl Baca, la derogatoria del decreto que dispone cobrar en las comisarías de la Mujer y la Familia, montos que van desde 50 centavos hasta un dólar. Sostienen que por ley dichos servicios son gratuitos.