Así lo resolvió la Corte Suprema de Justicia (CSJ), instancia que otorgó la competencia del caso a la justicia ordinaria, tras resolver el conflicto de competencia que se instauró entre la justicia común y la militar.

La disputa de ambas jurisdicciones por el trámite de este proceso y de otros dos que se iniciaron el 25 de agosto del 2003, tras la incautación de un arsenal en la ciudadela Gatazo, de Quito, generó la paralización de esas causas.

CSJ resolvió un proceso
Hace ocho días, la CSJ resolvió uno, pero resta el pronunciamiento en otros dos, que indagan los delitos de asociación ilícita y de atentado contra la seguridad del Estado.

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Por la decisión de la CSJ, el caso que pesquisa el tráfico de armas pasó a conocimiento de la Corte Superior de Quito, cuya autoridad notificó a las partes el jueves anterior.

Paralelamente remitió el expediente a la fiscal general, Mariana Yépez, a fin de que ratifique o reforme el dictamen emitido, en este caso, por la fiscal distrital, María Cerón, en el que se abstiene de acusar a Aguirre y a Manosalvas.

En el segundo juicio, en el que aún no hay un pronunciamiento de la CSJ, la Fiscalía acusó a esos mismos oficiales de asociación ilícita.

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Armamento incautado
Entre el armamento incautado constan 8.360 cápsulas detonantes eléctricas, 202 granadas M79 de 40 mm, 7 rollos de cordón detonante y 4.001 barras cilíndricas de 400 gramos de explosivos.