El país debe solucionar cuatro problemas que tiene pendientes con las empresas de Estados Unidos.

Hoy termina el plazo para solucionar  cuatro controversias comerciales que el Estado ecuatoriano mantiene con compañías estadounidenses que operan en el país:  Duke Energy, principal accionista de Electroquil, IBM, Bellsouth y un grupo de petroleras que piden la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) evaluará mañana el cumplimiento de estas soluciones con dos propósitos: el primero es no quitar a Ecuador las preferencias arancelarias de las que se benefician los países andinos hasta el 2006 (vender sin pagar altos impuestos) y segundo, autorizar la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) desde el 18 de mayo de este año.

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Según Cristian Espinosa, subsecretario de Comercio Exterior, “tenemos casi todo negociado, pero no tenemos los compromisos firmados”.

Esto lo dijo ayer en la tarde, y explicó que todo el día se mantuvieron contactos entre la Presidencia de la República, la Procuraduría y ministerios para solucionar hasta hoy a las 18h00 los conflictos con las empresas Duke Energy, principal accionista de Electroquil, IBM y Bellsouth.

La deuda que la transnacional reclama asciende a $ 1,8 millones e intereses de mora, sin embargo, el conflicto se produjo porque las leyes del Ecuador no contemplan pagos adicionales por deudas.

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Mauricio Pinto, miembro de la Comisión Negociadora del TLC, indicó ayer ante los miembros de la Cámara de Comercio Ecuatoriana-Americana, donde sus principales directivos son ejecutivos de Bellsouth e IBM, que estas controversias no deben anteponerse o impedir el inicio de la negociación del TLC.

Blasco Peñaherrera, presidente de la Federación de Cámaras del Ecuador, aseguró que el país perderá ventas por $ 30 millones diarios si no tiene las preferencias.  Los principales sectores que se benefician de estas rebajas son textiles, flores y pesca.

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Para acceder a negociar un TLC con EE.UU., Ecuador debía iniciar  el control del trabajo infantil en el país, para lo cual ya se posesionó el pasado martes a 22 inspectores, uno por cada provincia.