Corte Suprema determinará si EE.UU. viola derechos de prisioneros en Guantánamo

Policías militares estadounidenses vigilan a prisioneros sospechosos de pertenecer al grupo Al Qaeda y al Talibán, que están encerrados en esta base.

La Corte Suprema de EE.UU. analizará desde hoy hasta el próximo 28 de abril la legalidad de la detención indefinida de centenares de extranjeros en la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) y la de dos norteamericanos considerados “combatientes enemigos” en EE.UU. Los dos estadounidenses son José Padilla, puertorriqueño detenido en el aeropuerto internacional de Chicago en mayo del 2002.

No ha sido acusado formalmente, pero EE.UU. alega que es un “combatiente enemigo” que conspiró con la red terrorista Al Qaeda para fabricar una bomba atómica. El otro es Yaser Hamdi, nacido en Luisiana y criado en Arabia Saudita, aprehendido junto con otros milicianos del Talibán en Afganistán, en el 2001.

Los jueces decidirán si el presidente de EE.UU., George W. Bush, tiene autoridad constitucional para designar a sus ciudadanos detenidos dentro del país  como “combatientes enemigos” y negarles el derecho a un abogado.

El diario The New York Times denunció ayer, en un editorial, las violaciones de los derechos humanos de los detenidos en Guantánamo, “privados de los privilegios legales más básicos sin justificación legal o moral”.

El NYT recuerda que en Guantánamo están encerrados además, desde hace dos años, unos 600 capturados tras la guerra de Afganistán, acusados de pertenecer al Talibán de los cuales muchos aseguran ser inocentes.

El gobierno de EE.UU. insiste en que, como los detenidos no son ciudadanos del país y los han aprehendido fuera de sus fronteras, no tienen derecho a ser oídos en una Corte Federal, algo que rechaza totalmente el periódico.

Ninguno ha tenido un juicio justo, defensa legal ni visitas de sus familiares, y su detención es indefinida.

El diario considera esta posición “legal y moralmente errónea” y recuerda que los detenidos en EE.UU., independientemente de su nacionalidad o circunstancias, están protegidos por la Constitución y por la legislación internacional.