Está la cosa pública de nuestro país absolutamente plagada  de contradicciones. En ciertas cuestiones tenemos tal fijación por el control que raya en lo ridículo,  y en otros casos somos absolutamente liberales. He leído que la Dirección de Tránsito solicitaría la prohibición del uso de películas antisolares en los vehículos  para evitar el crimen.   Me resultan las razones aún más ridículas que  la solicitud.   El argumento es tan risible como lo sería pedir la prohibición de comercializar zapatos de marca  Niké Air por ser los que más rápido ayudan a correr a los carteristas.   Peca de ingenuo quien cree que prohibiendo las películas antisolares se reducirá el crimen, o se dificultará la tarea de los criminales.  Este tipo de control resulta burlesco, crea burocracia, privilegios, costos y termina  siendo totalmente ineficiente.

Ecuador es uno de los países que más chequeos y puntos de control de tránsito tienen en sus carreteras. Solo superado, en mi experiencia, por  Honduras en épocas anteriores,  de guerra civil entre sus vecinos.  ¿Ha evitado este tipo de control accidentes, que los conductores respeten más las leyes de tránsito o que los vehículos cumplan con los estándares exigidos por la ley?  Para nada. Solo sirven para crear cuellos de botella y demoras en las autopistas.   ¿No estará el problema en el inicio del proceso,  en la forma en que se otorgan las matrículas y las licencias?

Esto es un ejemplo de la manía de control que tenemos, y sobre procesos poco importantes. En cambio, en los procesos que sí son importantes y claves, que son de vida o muerte para la nación,  somos laxos y permisivos, dispuestos a hacer mil excepciones. La Ley de Transparencia que se debate en el Congreso puede significar el inicio de  un cambio fundamental en el país, o puede resultar un saludo a la bandera. Lo sabremos en los próximos días.  Algunos partidos políticos proponen calificar un sinnúmero de temas como reservados, que haya gran discrecionalidad en esta calificación, y que dichos secretos nunca sean revelados.  Y es justamente en muchos de esos asuntos a los que hoy se les quiere dar el carácter de reservados donde se han denunciado u observado posibles irregularidades, incluyendo la compra de armas.

Si en la ley no se cumplen ciertas condiciones, se habrá perdido una oportunidad importante para iniciar el cambio. En la ley deben constar las sanciones producto de su inobservancia. La misma debe ser absolutamente explícita en qué tipo de asuntos, de forma muy específica, son reservados, para que no exista discrecionalidad de funcionario público alguno en su calificación, del rango que fuere.    Solo  muy pocos temas deben ser secretos, asuntos que pongan en juego el futuro de Estado, como por ejemplo, la lucha contra el terrorismo en la década de los ochenta.   Por último, cualquier secreto debe desclasificarse en menos de cuatro períodos, es decir, en un máximo de  quince años. Ojalá nuestra cultura pendular, llena de contradicciones, sea menos laxa en el tratamiento de esta ley.