El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, cumplía este sábado los primeros seis meses de gestión en medio de fuego cruzado de los partidos y sindicatos y una enorme incertidumbre, no sólo respecto al cumplimiento de sus metas de recuperación de la economía, basadas en el desarrollo del gas, sino al futuro de su gobierno.
Con una huelga general e indefinida en puertas, Mesa es blanco de duras críticas por sus supuestas vacilaciones a la hora de adoptar algunas tareas que él mismo se impuso, como la modificación de una ley de hidrocarburos, la convocatoria a un referendo sobre el futuro del gas y la organización de una asamblea constituyente.
Sucesor constitucional del titular Gonzalo Sánchez de Lozada, expulsado del poder por una rebelión popular el 17 de octubre pasado que le obligó a huir a Estados Unidos, Mesa asumió con un impresionante respaldo popular, que ahora se ha reducido, según diversas opiniones, a causa de sus dudas.
"La gestión presidencial tuvo indecisiones", señaló el jefe de la bancada legislativa del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), Rafael Oviedo, en coincidencia con el diputado Antonio Peredo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), del líder cocalero Evo Morales, que consideró que "fueron seis meses con muchas dubitaciones".
Acusado de beneficiar a las transnacionales petroleras y ceder a supuestas presiones de la embajada de Estados Unidos, el gobernante, de 50 años de edad, careció del respaldo de una organización política y, por tanto, de una mayoría en el Congreso.
"Estamos en un momento crucial de nuestro gobierno y en un momento crucial para el país", manifestó Mesa el martes cuando reestructuró su gabinete y anunció que "tenemos que emprender tareas claras e inequívocas que surgieron de los acontecimientos de octubre de 2003", saldadas con la renuncia de Sánchez de Lozada y la muerte de 80 civiles y más de 200 heridos.
"Ese mandato tiene que traducirse en acciones muy claras en el ámbito de los hidrocarburos y en el ámbito de nuestra política energética. Ese mandato tiene que traducirse en la capacidad que el gobierno debe desarrollar en el más corto plazo de gestión eficiente, que incluya respuesta a las demandas de la sociedad en el ámbito económico y social", admitió entonces.
Ni la convocatoria a un referendo para el 18 de julio ni el pedido a Argentina de que no transfiera "ni siquiera una molécula de gas" a Chile en el marco del contrato de venta de 4 millones de metros cúbicos diarios de gas natural al vecino país para paliar su crisis energética, logró calmar a los sectores sociales y sindicales bolivianos.
"Mesa parece haber olvidado que Sánchez de Lozada fue echado a patadas del palacio (de Gobierno) por no oír al pueblo, que no quiere que se regale el gas a las petroleras (que dejan un 18% de regalías)", afirmó el radical secretario ejecutivo de la unitaria Central Obrera (COB), Jaime Solares.
"Una advertencia: si el Gobierno no cumple con la agenda de octubre (pasado, cuando fue derrocado Sánchez de Lozada a instancias de la COB y sindicatos campesinos y cocaleros), tiene hasta mayo de plazo. Si no, se va del gobierno", sentenció Solares.