El ministro de Energía, Eduardo López, dijo ayer que el proceso debe detenerse por “razones jurídicas”.

El proceso de licitación petrolera que pretendía conceder el manejo de cuatro áreas en producción a la empresa privada fracasó por segunda ocasión.

Ayer, el recién posesionado ministro de Energía, Eduardo López, anunció que “el proceso, definitivamente, debe parar por las razones jurídicas que observó el Procurador. Ese es mi criterio personal”.

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López se refirió a un tercer pronunciamiento que efectuó el procurador del Estado, José María Borja, un día después de que Carlos Arboleda renunciara al ministerio y a pedido del presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez.

El 26 de marzo pasado, el entonces ministro Arboleda declaró desierto el mismo concurso porque no estaba claro, dijo, el reglamento que regía para el proceso. Su administración emitió una normativa que eliminaba el porcentaje mínimo de participación del Estado (35%) y derogó uno anterior en el que se fijaba un piso para el beneficio estatal.

Dos días después, Arboleda convocó a un nuevo concurso, que ayer quedó sin sustento.
López explicó que el CEL (Comité Especial de Licitaciones) será quien tome una decisión final y formalice ese criterio. El ministro preside el Comité.

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El CEL deberá oficializar la medida, que deja sin piso el proceso, hasta el lunes próximo, pues el martes vence el plazo para que las empresas que se inscribieron presenten sus ofertas.

López agregó que el Comité se reunirá cuando Octavio Romero, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, uno de sus miembros, llegue al país. El retorno está previsto para este viernes.

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En la carta que el Procurador remitió a Gutiérrez, el martes pasado, insistió en que el proceso “omite y desatiende” lo previsto en la Constitución Política; la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento Sustitutivo al Reglamento del Contrato de Asociación.

Con este criterio, suman tres los pronunciamientos del Procurador sobre el tema: dos vinculantes (mandatorios) y uno de asesoramiento; en cada uno, el funcionario aclaró que los contratos de asociación se aplican para exploración y explotación de crudo. Según Borja, las actuales bases  se refieren únicamente a la fase de explotación y no a la de exploración.

Las cuatro áreas en licitación son Shushufindi, Lago Agrio, Culebra-Yulebra y Auca.  Los campos  suman reservas probadas por 904,57 millones de barriles de crudo.

Según López, liderará un proceso que garantice seguridad jurídica, más rentabilidad, mayores recursos para el Estado y para las privadas.

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Un vocero de Repsol-YPF, empresa que adquirió las bases, afirmó que la compañía “está a la expectativa de lo que ocurra, de conocer qué tipo de modificaciones vendrán”.

Además de Repsol, 20 compañías extranjeras participaban en la licitación.

Según López, en una reunión que mantuvo la noche del martes con las concursantes, estas se mostraron  abiertas a continuar en el proceso.